El juzgado de instrucción 5 de Vigo ha acordado aplazar hasta el 1 de abril el juicio por un delito leve de usurpación contra los acusados por ‘okupar’ el edificio de la calle Alfonso X en la ciudad olívica, que ardió en octubre de 2023, y en el que fallecieron una madre y tres de sus hijos.
La vista señalada para este jueves ha tenido que ser suspendida ante la ausencia de algunos abogados, y tampoco estaban presentes todos los acusados, un total de 25 (de los que dos han sido apartados de la causa al ser menores en el momento de la denuncia).
Con todo, el juicio se celebrará el próximo 1 de abril en la macrosala de la Ciudad de la Justicia de Vigo, ya que la estancia donde se preveía el juicio este jueves apenas daba cabida a los letrados.
Durante una hora y media, Fiscalía y abogados han estado negociando un posible acuerdo que, en todo caso, no se podía formalizar, al no estar todos los denunciados presentes ni los abogados. Así, el Ministerio Público planteó la posibilidad de que el procedimiento se resuelva con la imposición, a cada uno de los procesados, de una multa de 180 euros.
Rechazo a un acuerdo
Con todo, muchos de los encausados han trasladado su rechazo a esa oferta, y han alegado que prefieren ir a juicio y dar explicaciones, antes que pagar la multa. «Prefiero ir a juicio, o un mes y medio de arresto domiciliario, pero no voy a pagar», ha advertido Israel Barrul.
Una de las abogadas personada por parte de un denunciado, Esther Lora, ha afirmado en declaraciones a los medios que «hay mucha gente que tiene cosas que decir, que se quiere defender» y por eso no quiere pactar una conformidad.
Denuncias previas
Otra letrada, Lourdes López, ha recordado que, antes de la denuncia que originó esta causa, se produjeron varias denuncias, pero que no llegaron a juicio, y ha lamentado: «Si se hubiera actuado de forma previa esto no habría pasado, nos habríamos ahorrado cuatro muertos».
La propiedad presentó la última denuncia por usurpación unos días antes del incendio y también reclama por unos supuestos daños (antes del incendio) en el inmueble y la supuesta sustracción de unos electrodomésticos.
«La identificación que se hace de los investigados es un oficio de la Policía elaborado el día del incendio», ha explicado Esther Lora, y ha añadido que tendrán que ser la Fiscalía y la acusación particular los que acreditan que las personas que fueron identificadas ese día realmente estaban viviendo en el edificio.
«Mi hija me da la fuerza»
Entre los acusados que se han presentado en la Ciudad de la Justicia estaba Emilio Barrul, viúdo y padre de las víctimas, que ha explicado su actual situación, después de haber estado hospitalizado en estado muy grave como consecuencia de las lesiones sufridas en el incendio.
Según ha indicado, ahora vive con su padre y con su hija (la única superviviente de los hijos de la pareja), que la que le da «fuerza», y ha lamentado que sigue esperando encontrar un alquiler. Igualmente, ha asegurado que podría trabajar, pero «ayudar, nadie ayuda» para que salgan adelante».
Este joven ha señalado que estuvo «muy fastidiado» y ha sido un «milagro» que sobreviviera. «Me recuperé gracias a mi esfuerzo», ha subrayado, y ha añadido que «no queda otra» que seguir adelante.
«No tienen corazón»
Otra de las acusadas, Esmeralda Barrul, ha criticado que, a pesar de la desgracia que afectó a varias familias con el incendio de octubre de 2023, la propiedad del inmueble siguió adelante con la denuncia. «El incendio se llevó por delante cuatro vidas (…) no tienen corazón», ha aseverado.
Además, alguno de los procesados sigue cuestionando el origen del fatal incendio. A pesar de que el juzgado archivó la causa por el siniestro, concluyendo que había sido fortuito, insisten en que el fuego fue «intencionado» y no causado por un cortocircuito, ya que «todo ardió en cinco minutos».
