Según explicó López Veiga, esta denuncia -enviada el pasado 6 de octubre y con acuse de recibo de la Dirección General de Movilidad y Transporte con fecha 18/10- está dirigida tanto a Anesco como a la parte sindical (Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar, UGT, CCOO, CIG y CGT).
Para el máximo responsable portuario esta denuncia “nos permitirá reflexionar” sobre las negociaciones que actualmente existen entre la patronal y las empresas estibadoras ya que “no se pueden firmar cosas que obligan a otras empresas que no forman parte de Anesco”, y puso como ejemplo la subrogación del 100% del personal, el control de acceso a la profesión o la cualificación de los estibadores, tal y como pretende el sector.
A su juicio, este acuerdo podría conllevar una nueva multa a España por reincidencia, por lo que “he decidido, personalmente, como Presidente de esta Autoridad Portuaria, consultar directamente con la Comisión. Tenemos la experiencia del fallido IV Acuerdo Marco y debemos pensar en el largo plazo, porque Vigo tiene una gran capacidad para competir, pero solo podemos hacerlo en igualdad de condiciones”, aseveró.
«Buenos resultados»
Respecto a los datos portuarios, para el presidente se trata de unos “buenos resultados con los que estamos satisfechos”, aunque todavía existe “cierta incertidumbre” por dos cuestiones que siguen sin solventarse: el desvío de mercancías a otros puertos cercanos ante la rigidez de los controles a los que se ven sometidos los operadores locales en el PIF de Guixar, y la negociación de la estiba.
“Habría que haber llegado a un acuerdo porque existe una seria amenaza de puertos cercanos, concretamente Marín y, aunque hemos hecho las gestiones necesarias para asegurar un 2017 tranquilo, el riesgo existe y 2018 no está ni mucho menos garantizado”, se lamentó.
Por otra parte, López Veiga se refirió a los problemas que existen actualmente en los controles del PIF de Guixar y, en este sentido, recordó que la propia Comunidad Portuaria no acepta el protocolo de control documental general presentado por el Ministerio de Sanidad ni comprende la falta de respuesta a las modificaciones propuestas por el grupo de trabajo creado al efecto y del que forman parte Puertos del Estado, las terminales de Vigo y Marín y un nutrido grupo de operadores locales.