En total, unos 400 mayores, dependientes y autónomos, residen en los dos centros de la Xunta en Vigo aunque la nueva medida afecta a las residencias públicas para mayores de toda Galicia.
Se trata de una norma estatal aprobada en 2013 de libre aplicación en las comunidades (no se aplica en Andalucía ni en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana se acaba de ganar un recurso para tratar de impedir su puesta en funcionamiento) y desde el pasado mes de enero comenzó a aplicarse en los centros gallegos. En realidad, todavía se está aplicando ya que, como señalan desde la agrupación de familiares, apenas unos pocos usuarios ya han recibido las cartas personalizadas de la Consellería de Sanidade en las que se les informa de la nueva aplicación de las tarifas. «Otros han visto cómo ya se les aplicó en abril pero sin haber recibido todavía ninguna notificación», añade.
En concreto, la nueva medida supone que cambian las condiciones de pago de los pensionistas, a los que hasta ahora se les descontaba un 76 por ciento de su pensión (calculada en doce pagas) para hacer frente al coste de su alejamiento. «En su inmensa mayoría, el 80 o el 90 por ciento, se trata de personas que cobran pensiones no contributivas por lo que cobran unos 350 euros y les quedan al mes unos 40 euros libres de media para comprar champú o geles, ir a la peluquerìa o ir al podólogo, tampoco da para mucho más», subrayan desde la plataforma, cuya portavoz y secretaria es Ángeles Martínez.
A partir de ahora, no obstante, con la nueva norma, se parte de la base de que el coste de la estancia en las residencias es de unos 950 euros por lo que para hacer frente a esta cuantía se utiliza como baremo también la pensión del cónyuge e incluso de sus bienes. «Es decir, que de repente el marido o la mujer de la persona que está en la residencia, si tiene una pensión de 900 euros, por ejemplo, se quedará sin 600 euros de repente», remarcan.
Se trata de un cambio sustancial en las condiciones de vida de los mayores que residen en estos centros a la que la mayoría no podrán hacer frente. «Se enfrentan a situaciones dramáticas, algunos tienen más de ochenta años y hablan de llevarse a sus mujeres dependientes para casa porque no pueden hacer frente a los pagos que tienen con cien euros que les queda al mes tras pagar la residencia».
Por este motivo, los familiares de estos mayores decidieron la semana pasada organizarse como plataforma y trabajan contra reloj para luchar por un cambio en Galicia de la normativa, con peticiones que llevarán al Valedor do Pobo y a la Xunta directamente. Piden una marcha atrás para evitar el drama a cientos de familias en Vigo que son miles en toda la comunidad.
Desde la recién creada asociación remarcan que la implantación del «copago confiscatorio» se está llevando a cabo con «alevosía y nocturnidad» y que para evitar una alarma generalizada están comunicando la medida con gotero en plena campaña electoral.
Recogida de firmas
A nivel nacional se lucha contra esta ley a través de Cermi y en Vigo han querido sumarse a ésta plataforma con una recogida de firmas que por ahora se centra en los propios centros del Meixoeiro. Remarcan que es una «barbaridad» pero que, además, «es la gota que colma un vaso» que comenzó a llenarse hace tiempo «con la rebaja de los salarios de los trabajadores, que repercute en la calidad asistencial, la merma de la calidad de la comida que se reparte e incluso de la cantidad de alimentos que los mayores reciben». Uno de los últimos recortes se produjo en la calidad de los pañales para los mayores que se distribuyen en las residencias, un asunto que incluso ha sido denunciado ante la Fiscalía.
Con la creación de la asociación intentan sumar fuerzas para luchar juntos contra una medida que afecta a sus familiares pero que forma parte de un problema que afecta a la población en general. «Son personas que han cotizado toda su vida, que no se merecen en ningún caso y bajo ninguna circunstancia pasar lo que les queda de vida amargados y preocupados por si podrán hacer frente al pago de una residencia en la que han logrado una plaza porque lo precisan. Y nosotros también seremos algún día mayores», insisten los familiares.
Por su parte, Guillermo explica el caso concreto que le sucede a su suegra, que hasta ahora estaba pagando 434 euros al mes y que desde la aplicación de la medida pasa a pagar 736 euros. «Se sacaron de la manga un invento para que no fuese tan alarmante y le descuentan 101 euros por el Iprem pero el caso es que le han subido de repente más de doscientos euros», subraya. Además, recuerda que muchas de las medicaciones que los mayores necesitan tienen que comprarlas como es el caso de los medicamentos para problemas de piel, laxantes, para el cabello o la tos. «Tienen que vivir con 40, 60 ó 80 euros al mes y algunos con ese poco dinero ayudaban a sus familias, ahora tienen que ayudarles a ellos, claro, y no todos pueden hacerlo», lamenta. «Tocar a esta gente es denigrante. Es lo único que tienen», concluye.