El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo entró en vigor a finales del mes de agosto diez años después de la anulación del último planeamiento urbanístico.
Y desde esa fecha han sido muchas voces las que alertaron de la falta de respuesta a las más de 4.500 alegaciones presentadas así como a los más que previsibles recursos judiciales que iba a tener ante sí el Concello de Vigo. Tanto grupos de la oposición -BNG y PP- así como colectivos vecinales advirtieron de la situación.
De hecho, la Gerencia de Urbanismo municipal recibió los primeros recursos muy pronto tras su entrada en vigor, haciéndose públicos los primeros a principios del mes de octubre con la publicación oficial en el Boppo. Tras esa fecha, fueron muchos más en cadena, llegando ahora mismo a contabilizar cerca de 150 recursos jurídicos presentados.
Por ello, y porque desde Praza do Rei no quieren que se vuelva a repetir la situación anterior pese a asegurar en más de una ocasión que el nuevo documento urbanístico era «excepcional», en palabras de alcalde Abel Caballero, la Gerencia de Urbanismo ha decidido contratar un servicio de asistencia, asesoramiento y defensa letrada frente a reclamaciones y recursos derivados de la aprobación del Plan, y que será complementaria a las actuaciones de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Vigo.
Este mismo miércoles la Plataforma de Contratos inicia el procedimiento administrativo bajo una fórmula de acuerdo marco para la prestación de este servicio externo de defensa jurídica, sacándolo a licitación con un presupuesto base (sin IVA) de 457.647,75 euros y un valor total estimado del contrato de 594.942,07 euros. Las empresas interesadas en presentarse en este concurso tienen de plazo hasta el 18 de diciembre para plantear sus propuestas.
«Carece de medios suficientes»
Con todo, el pliego marca específicamente que el servicio incluye «exclusivamente» los trabajos ante los recursos presentados frente a la aprobación del PXOM. Y el Concello lo justifica con el hecho de que la Gerencia Municipal de Urbanismo, como organismo autónomo del Concello de Vigo, «carece de medios suficientes» para atender «todos aquellos asuntos» que surjan en lo relativo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, Penal, Social o Civil y Mercantil, siendo así un apoyo a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento olívico.
Y entre las materias que tendrán que llevar a cabo se encuentran:
- El asesoramiento jurídico previo vinculado a la defensa judicial, la emisión de informe en los supuestos de desistimiento, aplanamiento o transacción judicial o cualquier otro incidente procesal, sobre el contenido de las resoluciones judiciales y sobre la conveniencia de interponer recurso contra las mismas, así como el necesario para su ejecución por parte de los correspondientes servicios administrativos.
- Informe, a requerimiento de la Gerencia sobre la viabilidad del ejercicio de acciones judiciales.
- Asumir la representación procesal en aquellos asuntos en los que no sea obligatoria la intervención de procurador.
- Solicitar la tasación de costas procesales y gestionar su cobro a favor de la Gerencia una vez sea firme a tasación.
El servicio contará con un periodo de duración de 4 años desde la formalización del contrato. Y especifica que «no se incluyen» los honorarios de los procuradores, peritos u otros profesionales cuya intervención fuera necesaria.
Además, desde Urbanismo ya avisan de que tras acabar el plazo de duración del contrato y, en el caso de que algún proceso esté iniciado, «el adjudicatario deberá continuar con la prestación de los servicios sin derecho a percibir cantidad adicional hasta la obtención de la resolución judicial que ultime los procesos iniciados». La Gerencia de Urbanismo designará un responsable del contrato sobre el que pesará la dirección del mismo.
Estima unos 168 recursos
El presupuesto de licitación de este servicio es para el Concello de Vigo «orientativo» y «no vinculante» constituyendo un «límite de gasto previsto para los contratos de servicios que se celebren basados en el acuerdo marco», señala el pliego.
Sin embargo, cuantifica las tasas para los tipos de procedimientos y actuaciones que se puedan ejecutar judicialmente. Así, por ejemplo fija un precio de 14.500 euros para una intervención letrada ante un recurso extraordinario de casación en un procedimiento no tramitado en instancia o 15.000 euros por una actuación con complejidad alta.
Además, el Concello detalla en el pliego el número estimado de actuaciones que prevé tener que afrontar judicialmente, estableciendo unos 42 recursos anuales o, lo que es lo mismo, unos 168 recursos que ya prevé afrontar con este nuevo contrato de asesoría externa.
