Aunque hace tiempo que tenía que haberlo hecho, el Gobierno municipal de Abel Caballero comenzó ayer, miércoles, a tramitar las más de 4.500 alegaciones al Plan General de Ordenación Municipal (PXOM, por sus siglas en gallego) que presentaron los ciudadanos, una irregularidad de las muchas que, según el BNG, se están cometiendo.
Por ello, los nacionalistas han anunciado este jueves no sólo que pedirán explicaciones tanto al alcalde como a la concejala de Urbanismo, María José Caride, sino que denunciarán las irregularidades ante la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta de Galicia.
“Nunca antes un gobierno municipal se ha atrevido a llegar tan lejos en el incumplimiento de la ley en relación a la política urbanística en Vigo”, ha afirmado este jueves el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas. “Creemos que el gobierno de Abel Caballero ha cruzado todas las lineas rojas insistiendo además en una gestión opaca y absolutamente antidemocrática donde las alegaciones ciudadanas son tratadas como papel higiénico generando indefensión, vulnerando los derechos de la ciudadania, y todo para imponer a las bravas un PXOM elaborado al dictado de los poderosos intereses de los de siempre”, ha añadido.
Demora injustificada
El BNG recuerda que han tenido que pasar más de 1.400 días desde que finalizó el periodo de información pública y casi seis meses desde que el pleno aprobó definitivamente el Plan General para que el Gobierno municipal comenzase el proceso de notificación de las respuesta a las más de 4.500 alegaciones al PGOM que recibió, pero «lo más grave» no es esta tardanza, «injustificada e ilegal», sino que las propias notificaciones que están remitiendo son «una verdadera tomadura de pelo y una aberración desde el punto de vista administrativo”, ha dicho el portavoz municipal.
Según Pérez Igrexas, los ciudadanos que presentaron alegaciones están recibiendo correos electrónicos desde una cuenta generalista, no desde la cuenta oficial del Ayuntamiento, y en ellos no se incorpora documento oficial alguno debidamente numerado, ni sellado, ni fechado, y ni siquiera firmado por la concejala de Urbanismo.
“Denunciar que además no son una resolución ni una notifiación administrativa a efectos legales ya que se limita a copiar y pegar un extracto del informe técnico del equipo redactor que se elaboró antes de la aprobación provisional”, continúa diciendo el portavoz nacionalista, quien recuerda que la ley establece que cualquier resolución como es el dictamen de las alegaciones al PGOM debe estar motivada, lo que no está sucediendo.
“Estamos ante un nuevo incumplimiento de los más esenciales parámetros de legalidad”, ha afirmado Pérez Igrexas, según el cual se está vulnerando “de manera clara” lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además de lo recogido en la Ley del Suelo de Galicia.
Jurisprudencia
El BNG advierte de que hay “reiterada jurisprudencia” que exige que toda resolución que decida sobre pretensiones formuladas en un procedimiento como es el caso de las alegaciones al PGOM debe cumplir los requisitos formales mínimos para poder ser válida y eficaz.
“Esto genera una clara indefensión a la ciudadania, primero porque la comunicación llega una vez concluido el plazo legal para presentar reclamación por la vía contencioso administrativa contra el PGOM, que concluyó el pasado 3 de noviembre, lo que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 de la Constitución”, señala.
“Y genera también inseguridad jurídica para el propio PGOM ya que estos defectos e irregularidades graves en el tratamiento de las alegaciones pueden dar lugar a la anulabilidad al debilitar la trazabilidad del procedimiento y dar causa más que motivada para impugnar el propio PGOM”, añade.
Por todo ello pedirán explicaciones al alcalde y a la concejala de Urbanismo, de quienes quieren que expliquen “este desastre”, lo que no impedirá que denuncien estas presuntas irregularidades ante la APLU.
