El Concello de Vigo ha ordenado la demolición de una vivienda familiar construida sin licencia en el barrio de Bembrive, concretamente en el número 45 de la rúa Eifonso. La resolución afecta también a una piscina y a una edificación auxiliar levantadas en la misma parcela, al considerar los servicios técnicos municipales que ninguna de estas construcciones es legalizable por incumplir de forma clara la normativa urbanística vigente.
Según consta en el expediente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, las obras se realizaron en una parcela de 639 metros cuadrados clasificada como suelo urbano consolidado, regulada por la ordenanza U6.2 del PXOM de Vigo, destinada a vivienda unifamiliar. Hasta el inicio de las obras, en torno a 2024, el solar se encontraba vacío.
Las construcciones ejecutadas sin título habilitante consisten en una vivienda en planta baja de 110 metros cuadrados, una piscina sobre rasante de 41,40 metros cuadrados y una construcción auxiliar de 35,75 metros cuadrados, además de un cierre en el frente de la parcela de 11,32 metros de longitud.
Las inspecciones municipales constataron que estas edificaciones incumplen varios de los requisitos básicos de la ordenanza urbanística. En particular, los técnicos señalan que la vivienda, la piscina y el anexo no respetan las distancias mínimas a los lindes de la parcela ni los recuados obligatorios respecto a la alineación de la calle.
El proceso
Tras detectar las irregularidades, el Concello abrió un expediente de protección de la legalidad urbanística y notificó a la propietaria la situación de ilegalidad de las obras. En abril de 2025 se le concedió un plazo para presentar alegaciones y, posteriormente, la interesada aportó un proyecto con el objetivo de legalizar las construcciones ya ejecutadas.
Sin embargo, un informe técnico municipal concluyó que la vivienda, la piscina y la edificación auxiliar no pueden ser legalizadas en su configuración actual, al no ajustarse a las condiciones de la ordenanza del PXOM. Únicamente el cierre del frente de la parcela podría llegar a regularizarse, siempre que se tramite la correspondiente licencia y se acredite el cumplimiento de la normativa.
A la vista de estos informes, el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordó ordenar la demolición de las construcciones ilegales y la reposición de la legalidad urbanística en un plazo máximo de tres meses desde la notificación. La resolución advierte además de que, en caso de incumplimiento, el Concello podrá recurrir a la ejecución forzosa e imponer multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros, que podrán reiterarse hasta que se cumpla la orden.
