En un encuentro que se prolongó durante media hora y en el que estuvieron acompañados por la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride -conselleira cuando el PXOM recibió la aprobación de la Xunta-, y el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, ambos coincidieron en la necesidad de que ambas administraciones «cooperen» y «colaboren» en la búsqueda de soluciones y, aunque no aportaron plazos concretos, subrayaron la importancia de «agilizar los trámites» y «minimizar al máximo las consecuencias» de esta decisión judicial, que lleva el urbanismo de Vigo al plan general aprobado hace más de veinte años, en 1993, con todo lo que ello supone.
La importancia de trabajar de forma conjunta se tradujo en que Mato y Caballero comparecieron tras el encuentro juntos ante los medios de comunicación y mantuvieron un mismo discurso reiterando que inician un «impulso político» para abordar este problema si bien tampoco han precisado qué opciones se barajan.
A través de un comunicado, la conselleira de Medio Ambiente destacó que «es el momento de trabajar conjuntamente con el Concello de Vigo para dar una respuesta seria, ágil y rigurosa» a la situación urbanística de Vigo.
Mato destacó que fue ella misma la que solicitó el martes a al regidor vigués este encuentro tras conocer la noticia y consideró «imprescindible actuar con diálogo y responsabilidad» para resolver la situación que se ha generado. Para ello, remarcó, «hay que hacerlo de forma rigurosa, tal y como demanda toda la sociedad viguesa».
La conselleira manifestó que la anulación del Plan Xeral vigués por parte del Supremo obliga a iniciar la redacción de un nuevo planeamiento, por lo que ofreció el apoyo y asesoramiento técnico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo para que el Concello de Vigo pueda iniciar lo antes posible la tramitación necesaria para la redacción de un nuevo documento.
Así, añadiño que cuanto antes se inicie la tramitación del nuevo PXOM antes quedará solucionada esta situación y recordó que, en paralelo, también se pueden utilizar otros instrumentos de ordenación urbanística como son los planes parciales o sectoriales.
Normas de 1993
La conselleira recordó que la setencia anula todo el plan por lo que Vigo vuelve a regirse por las normas de ordenación de hace 22 años y esta situación provoca consecuencias muy negativas para la ciudad, con unos efectos que todavía están por definir, algo que corresponde al Concello ya que es quien puede calcular las consecuencias de lo ocurrido esta semana.
En este sentido, destacó que la reunión celebrada este miércoles es un buen punto de partida para sentar las bases de la colaboración entre administraciones y para actuar con agilidad y diálogo.
Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular solicitó este miércoles al gobierno local la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para debatir las consecuencias de la sentencia y este jueves, 3 de diciembre, se celebrará en la sede de la Confederación de Empresarios una reunión en la que participarán sectores afectados y expertos en urbanismo para debatir precisamente el impacto de esta anulación.
Mientras tanto, el colectivo que ha logrado tumbar el Plan Xeral reclamaba este martes tras conocerse la decisión judicial que se redacte uno nuevo teniendo en cuenta la participación ciudadana y que respete la Ría de Vigo y el medio ambiente.