La asociación de consumidores En-Colectivo ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno de España que anule la concesión de la autopista AP-9 a Audasa, que tiene vigencia hasta el año 2048. La plataforma viguesa ha adoptado esta decisión después de que Bruselas, a raíz de sus denuncias, haya abierto un procedimiento de infracción contra España por no sacar a licitación las prórrogas de la concesión, incumpliendo así la normativa europea.
A través de su página web, la asociación demanda el apoyo de la sociedad para que el Estado “deje de aislar a Galicia” y que el coste de los “errores” en la concesión de la autopista “no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos”. Añade que “llevamos pagando unos peajes que no nos corresponden desde 2013” y, si no se anula la segunda prórroga, “seguiremos pagando desde 2023 hasta 2048”.
La campaña de recogida de firmas contra la concesión de la AP-9 permanecerá activa hasta el 23 de noviembre, fecha en la acaba el plazo de dos meses concedido por la Comisión Europea al Gobierno de España para dar una respuesta a su carta de emplazamiento. El objetivo es reunir unos 500.000 apoyos en este período.
Esta autopista, según En-Colectivo, “lleva amortizada” desde 2013 y debería ser una vía gratuita como ocurre en otras comunidades autónomas con autopistas similares. “No podemos permitir que la única vía de conexión entre el norte y el sur de Galicia sea una autopista de pago”, señala el presidente de esta asociación, Diego Maraña, que cifra el coste que supone la AP-9 para los gallegos en más de 140 millones de euros anuales.
Maraña asegura que tras la respuesta de la Comisión Europea ante las irregularidades del proceso de concesión “tenemos la oportunidad de que se haga justicia”. El presidente de En-Colectivo confía en que el Gobierno “nos escuche” y deje de “intentar justificar lo injustificable” ante Bruselas “asumiendo los errores cometidos y actuando en consecuencia”, dando los “pasos necesarios” para convertir la autopista en gratuita.
