Las medidas anunciadas urgentes anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda han acumulado numerosos críticas desde que las hizo públicas, también de los inquilinos, entre ellos los de Vigo y comarca, que son las personas que deberían beneficiarse de ellas.
«Resulta llamativo que la forma del Gobierno de luchar contra la especulación sea beneficiar a los especuladores con la reducción del IRPF. Nuevamente nos encontramos con medidas pírricas y opcionales que no combaten verdaderamente la base del conflicto de la vivienda. Ofrecer pagar, o dejar de cobrar, para no especular tanto no es la forma de luchar contra la especulación», ha dicho a Vigoé Juan Medela, portavoz del Sindicato de Inquilinos Vigo-Tui-Baixo Miño.
Se refiere Medela a la medida anunciada por el presidente, incluida en un próximo decreto ley, que supone ofrece a los propietarios una bonificación fiscal del 100% en el IRPF si no suban el precio del alquiler. Esa medida ya ha aglutinado el rechazo de los partidos de izquierda que mantienen al Gobierno: Sumar, Podemos y EH Bildu, que ya han dicho que no apoyarán las medidas en el Congreso.
Además de la bonificación a los caseros, el decreto incluirá una limitación de los contratos de alquiler de temporada y habitaciones para poner fin a su uso fraudulento.
Propuestas
«Si realmente se quiere combatir la especulación, los precios deben regularse y reducirse por ley y no dejarlo al arbitrio de cada municipio o comunidad; debe modificarse la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para volver a los contratos indefinidos y renovaciones automáticas, de manera que vivir de alquiler sea una opción real, estable y asumible», señala Medela.
Además, señala, «debe prohibirse la compra especulativa de vivienda; debe expropiarse la vivienda vacía de grandes tenedores, echar mano de las viviendas públicas ya existentes pero infrautilizadas y de las viviendas de la Sareb para alcanzar un parque de vivienda pública social y asumible con la ya construida, en lugar de justificar un nuevo ciclo constructivo donde se benefician los de siempre; y que la vivienda pública sea realmente asumible, no como la tomadura de pelo que representan las condiciones que recoge la propuesta piloto en Vigo de Casa 47, entre otras medidas posibles.
Los inquilinos entienden que los contratos de temporada o por habitaciones deberían «o bien reducirse a su mínima expresión o directamente desaparecer«, de modo que se considerasen todos los contratos como de vivienda habitual o, al menos, que otorgasen los mismos derechos como personas inquilinas.
Medela señala que es fundamental dotar a estos contratos de una mayor seguridad jurídica, introduciendo su regulación en la LAU, para que los inquilinos puedan defenderse contra el uso fraudulento de este tipo de contratos, cada vez más habitual.
