En este sentido, la líder del Partido Popular ha mostrado su preocupación por la “deriva” de un alcalde que, durante meses, afirmó que la liquidación del Pazo de Congresos no tendría coste, “llegando incluso a decir que era una buena noticia y calificando nuestras advertencias de películas”; que el viernes hablaba ya de 5,5 millones; y que el domingo elevaba el coste de la deuda a pagar hasta los 35 millones de euros.
Una cifra que, según ha recordado Muñoz, “los vigueses conocen gracias a la labor de este grupo”. “De no ser por nosotros, esta información no sería pública ya que el Gobierno municipal no hubiese dicho nada. Así entienden la transparencia”, añade.
La portavoz ‘popular’ ha mostrado su sorpresa por la “ligereza” con la que el alcalde modifica números y habla ya de 35 millones, cifra que, como expone, supone el 15% del presupuesto municipal de un año. “Es muchísimo dinero con el que se pueden hacer muchísimas cosas por los vigueses. Y sin embargo vemos con preocupación cómo Caballero habla de ‘normalidad’”, ahonda.
Tres peticiones
Ante este preocupante “baile de cifras, sin explicaciones de ningún tipo”, Elena Muñoz ha incidido en que su grupo ha presentado hoy un escrito con tres peticiones muy concretas.
La primera, apunta, reiterando la solicitud del Plan de liquidación, “que hicimos hace meses y siguen sin facilitarnos”. La segunda, prosigue, exigiendo el informe técnico que cifra en 28 millones la previsión de ventas de patrimonio municipal para hacer frente a la deuda. Y la tercera, reclamando el informe pertinente que cuantifica en 35 millones la liquidación del complejo.
“Ninguna de estas cifras las aclara el interventor en su escrito”, incide Elena. No en vano, el propio interventor califica como “hipótesis” esos 35 millones, reconociendo que “desconoce el método de cálculo empleado”.
En este sentido, ha recordado que el administrador concursal cifró en 77 millones el coste de la liquidación: “Esa es la cifra que reclama la concesionaria. Una deuda multimillonaria que amenaza a los vigueses”.
“Queremos saber qué nos ocultan de forma reiterada. Tenemos derecho a saber qué hace el gobierno local con su patrimonio; qué quieren vender a la ligera. Poco a poco vamos descubriendo que tiene 100 millones en caja para ir tapando las consecuencias de su nefasta gestión”, ha concluido.