El criterio que está siguiendo en líneas generales la magistrada titular del juzgado vigués reconoce que los bancos deben devolver a los consumidores solamente los gastos derivados del registro y de la gestoría, de tal manera que el resto corresponde a los solicitantes del préstamo. Se trata, no obstante, de un fallo mayoritario y no unánime, ya que cada caso responde a sus propias particularidades en función del contrato firmado.
De esta manera, los clientes de la provincia comienzan a ver algo de luz en lo que respecta a este frente, que todavía está por explorar a pesar de las sentencias existentes en altas instancias, que parecían allanar el camino para exigir la devolución de todos los gastos. De hecho, muchos abogados venían recomendando a sus defendidos no demandar hasta que se tengan bien claros los criterios de las salas.
Con estas primeras resoluciones a favor de los clientes, limitadas en líneas generales a registro y notaría, los usuarios pueden empezar a perfilar cuál debe ser el enfoque de sus reclamaciones judiciales.
Balance de las cláusulas suelo
Por otro lado, un buen número de consumidores de la provincia también están comenzando a ver cómo se les da la razón en Vigo en primera instancia en lo que respecta a las cláusulas suelo. El juzgado especializado ha emitido 45 dictámenes en su primer mes de funcionamiento, concediendo la nulidad como criterio predominante.
La discusión principal suele radicar en el cálculo de la cantidad a satisfacer y los intereses legales figuran como principal objeto de debate. En cualquier caso, las sentencias todavía no son firmes puesto que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra por parte de los bancos.
Mientras tanto, la avalancha de demandas continúa. La sala exclusiva radicada en la ciudad olívica suma ha recibido 1.740 denuncias a día 4 de octubre. En total, Galicia ha registrado 3.800.
Todo ello ha provocado la reacción de los sindicatos, que reclaman más medios para poder atender la carga de trabajo existente, especialmente ahora que la sala ha empezado a acoger juicios en aquellos casos en los que las audiencias previas no permitieron dejar las causas vistas para sentencia.