Según ha informado este miércoles Marea de Vigo, este ERTE se ceñiría a los trabajadores encargados de la recaudación ejecutiva de las multas de tráfico, que atienden en la lonja del ayuntamiento como cualquier otro funcionario y que pasarían a tirar de prestaciones por desempleo o a agotar sus bolsas de horas.
La formación asegura que detrás de esta medida se encuentra un descenso de los ingresos por denuncias de la Policía Local, que a su vez el portavoz, Rubén Pérez, ha vinculado a la cercanía de las elecciones municipales.
De hecho, critican que la propia concesionaria haya trasladado al Gobierno local una pregunta para saber cuál es el motivo de que haya menos multas. “Es como si los oncólogos preguntan por qué hay menos enfermos”, comparó Pérez.
Sobre este asunto, el alcalde, Abel Caballero, ha asegurado que desconoce la existencia de este conflicto laboral. “Lo ignoro y no tengo constancia de ello”, se ha limitado a decir este miércoles.
Un problema de fondo
Marea de Vigo ve en este caso un problema que va más allá. Se trataría de la forma de otorgar las concesiones por parte del Ayuntamiento, siempre a la baja “sin ver de dónde se rebajan los costes”. De esa reducción, entienden, se derivan los posteriores recortes de salarios y personal, como ya sucedió con la concesionaria de la zona azul, Dornier.
“Nadie audita si las propuestas que se hacen para ganar los concursos se aplican posteriormente. ¿Dónde están los puntos de recarga de coches eléctricos que prometió Dornier?” “No hay ningún tipo de control por parte de los concejales”, ha denunciado Rubén Pérez.
Por ello, el candidato a la Alcaldía de Vigo en las próximas elecciones municipales advirtió de que “vamos a decir que no a cualquier ERE en una concesionaria del Concello”. En este caso, la firma que gestiona la Recaudación Ejecutiva opera en Vigo desde 2017 y su contrato expira en 2021, aunque es prorrogable por dos años más.