Desde su puesta en marcha en el Casco Vello en junio de 2017, las sucesivas prórrogas de este plan de refuerzo eran de seis meses, pero en esta ocasión la duración de la medida será de un año. Esta decisión afecta a un total de 55 salas de toda España.
La de Vigo arrastra una especial carga de trabajo y, según la última estadística publicada a fecha 30 de septiembre, tiene todavía más de 4.100 casos por resolver. A día de hoy, la media de tiempo que tarda un usuario en obtener una sentencia en la ciudad desde que presenta la demanda contra el banco es de 13 ó 14 meses en función de los meses inhábiles que transcurran por medio. Y si se tiene que celebrar juicio oral, dos meses más.
Esto es debido a la falta de efectivos, el aluvión de causas y las trabas que siguen poniendo las entidades financieras, con Abanca a la cabeza como gran aglutinador de hipotecas en la zona, para devolver el dinero a sus clientes.
Ello a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de estar perdiendo el 97% de los casos y del reciente fallo favorable a los consumidores gallegos conseguido por la demanda colectiva de la asociación Acouga.
Así, el juzgado de la calle San Sebastián mantendrá su funcionamiento actual durante todo 2019.
