La Consellería de Sanidade deberá indemnizar con 25.000 euros a la hija y a la viuda de un paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al que, en 2020, tardaron ocho meses en avisarle de que tenía un tumor en un riñón. El hombre falleció en abril de 2022 con 64 años.
En una resolución, la Administración reconoce parcialmente la reclamación de la familia –asistida por la abogada viguesa Miriam Barral– y reconoce que la tardanza supuso una «pérdida de oportunidad de una mejor evolución» de la enfermedad.
Todo comenzó el 25 de marzo de 2020, pocos días después del inicio del confinamiento por el covid-19, cuando el hombre acudió al centro de salud al detectar sangre en la orina, tras lo que fue derivado por vía rápida al servicio de Urología. En abril, le realizaron varias pruebas, incluido un ‘urotac’. Sin embargo, nadie se puso en contacto con él para darle los resultados.
Casi ocho meses más tarde, el 4 de diciembre de 2020, volvió al centro de salud por una lumbalgia que padecía desde hacía un mes. En esa consulta, el médico revisó la historia clínica y vio que se le había hecho el ‘urotac’ en abril.
Cuando le preguntó al paciente si lo había visto el urólogo, respondió que «nadie le había llamado» y que por lo tanto «presuponía que todo estaba bien». Entonces, fue remitido a Urología y el 14 de diciembre le informaron del tumor, que ya medía cinco centímetros y afectaba «a la pelvis renal».
Durante la tramitación del procedimiento, informes emitidos por el servicio de Urología y el de Admisión del complejo hospitalario vigués afirmaban «desconocer la causa» por la que el ‘urotac’ del paciente no se había examinado hasta ocho meses más tarde.
Proceso de reclamación
Fue el propio paciente quien inició el proceso de reclamación ante la Administración en noviembre de 2021, pero murió el 17 de abril de 2022. De tal forma, su hija presentó en noviembre de 2022 un escrito en el que informaba del fallecimiento del padre e indicaba que ella continuaría con el expediente.
La familia reclamaba 21.940,21 euros para la hija y 98.730,92 euros para la mujer del fallecido. En un inicio, la Consellería de Sanidade había denegado la indemnización, pero el último dictamen del Consello Consultivo, con fecha de 31 de julio de 2024, declaró que procedía reconocerle una indemnización de 25.000 euros.
Aunque podrían presentar un recurso ante la justicia para intentar aumentar la cuantía, su abogada explica que la voluntad de la familia era que la Administración reconociese «el error» cometido, sin importarles la cuantía.
