Este hospital de financiación público privada (la nueva moda impuesta en España por el Partido Popular a pesar de haber sido abandonada en el Reino Unido por sus elevados costes y riesgos para la asistencia) costará alrededor de 1.400 millones de euros, cuando su precio real no supera los 300 (la financiación pública inicialmente prevista a cargo de la Sociedad Pública de Investimentos alcanzaba los 450 millones a pagar en 15 años). A pesar de este enorme sobrecoste, el proyecto funcional ha sufrido importantes recortes: hay un 31% de camas menos, 31% de los quirófanos, 55% de camas de observación de urgencias y se ha reducido el 45% de la superficie del servicio de radiología. También se han suprimido el laboratorio y reducido elementos estructurales como la superficie total, el grosor de los tabiques (perdiendo la calificación “A” de eficiencia energética), alicatados, materiales de techos, mobiliarios, lavabos, el tamaño de las consultas, accesos o 1.000 plazas de aparcamiento. Esta enorme reducción de recursos, respecto al proyecto del propio gobierno de Alberto Núñez Feijoo se suman a los recortes del proyecto del anterior gobierno, introducidos por el PP nada más llegar al poder en Galicia, que suprimió los módulos de investigación y docencia, hotel de pacientes o cuidados críticos.
Otra consecuencia de la cesión a un grupo de empresas privadas de la gestión de la parte no asistencial del nuevo hospital ha sido el recorte de la plantilla (se ha reclasificado de manera forzosa a cerca de 200 trabajadores que pierden su condición de personal estatutario), gracias al apoyo del apoyo Sergas, que permitirá a la Concesionaria reducir sus sueldos y poder despedirlos libremente
Las prisas de la Concesionaria privada por abrir el centro (para comenzar a cobrar el canon de 70 millones anuales) y el interés político de la Xunta para no prolongar el retraso acumulado (debería haberse inaugurado el año 2013), ha conducido a que la Consellería acelerara el traslado de recursos del antiguo hospital pese a que la obra estaba inacabada y sin evaluar la calidad y la seguridad de las instalaciones (especialmente en las áreas más sensibles como quirófanos o espacios para pacientes graves e inmunodeprimidos).
Las consecuencias son conocidas: techos que se caen, paredes que no soportan el mobiliario, inundaciones de salas y pasillos, ausencia de lavabos en consultas y quirófanos, presencia de roedores, comidas inadecuadas a pacientes, ausencia de desfibriladores inexistencia de baños adaptados para niños, falta de ventilación en la zona donde se realizan endoscopias (donde se usan productos enzimáticos), camillas de exploración deterioradas, ecógrafos obsoletos o la ubicación de la Resonancia Magnética en un vehículo fuera del hospital. También apuntan la falta de extracción de gases en el área de Farmacia, “ínfimas” taquillas en los vestuarios de personal, duchas sin mampara y lo más preocupante: una posible contaminación por aspergillus de una paciente fallecida en el centro. Esto último, que ha despertado una gran alarma social y profesional obligo a la Conselleria a paralizar el traslado.
Es de destacar que, frente a este desastre político y organizativo, los trabajadores y profesionales de la mayor parte de los servicios han tenido un comportamiento ejemplar denunciando y poniendo en conocimiento de la opinión pública las irregularidades y problemas del traslado y los graves desperfectos del nuevo centro. Los trabajadores del servicio de laboratorio denunciaron los riesgos de su cierre, los de la Unidad de Cuidados Intensivos la posible contaminación por aspergillus y los del servicio de radiodiagnóstico las carencias del mismo. La práctica totalidad del personal médicos, de enfermería, técnicos, auxiliares y personal de los servicios no clínicos han mostrado una gran valentía al trasladar a la opinión las serias deficiencias de la instalación.
Los propios enfermos y sus familiares están denunciado en los medios de comunicación y redes sociales las precarias condiciones que padecen como menús inapropiados, el pago por el agua embotellada, la ausencia de menús si se hospitalizan después de las dos de la tarde, etc., que muestra el afán de lucro y escasa sensibilidad de la Concesionaria Privada. Esta empresa, que gestiona la parte no clínica, cobra 1,86 euros la hora por aparcar en el hospital sin que exista alternativa para realizarlo de forma gratuita, lo que supone un nuevo copago que afectará especialmente a los enfermos y familiares con menos capacidad económica, que empiezan a ser mayoritarios por la crisis.
La Xunta de Personal del Complejo Hospitalario ha tenido desde el primer momento un firme liderazgo de la protesta, siendo capaz de articular a todas las fuerzas sindicales, por encima de las legítimas diferencias. Este organismo llegó a un acuerdo con la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública (que agrupa a una parte importante de organizaciones sociales, políticas y sindicales y que lleva años reivindicando el nuevo hospital) para desarrollar una campaña de información y de debate social en los medios de comunicación, organizaciones vecinales y ayuntamientos del área. Los grupos municipales de la casi totalidad de ayuntamientos elaboraron mociones de rechazo a la privatización del centro y colaboraron activamente en el traslado de personas a la manifestación. El resultado ha sido la enorme manifestación de más 200.000 personas (según la policía municipal) la más grande celebrada en la ciudad. Este éxito tiene mucho que ver el apoyo de los nuevos ayuntamientos progresistas, incluso algunos del propio Partido Popular, que fletaron autobuses para facilitar el desplazamiento de los vecinos a la protesta.
En la misma se reivindicaba la paralización del traslado de equipos y pacientes el nuevo hospital, el cese de la Conselleira de Sanidade, la creación de una Comisión para investigar la situación del edificio, los riesgos para los pacientes y las medidas para solucionar los desperfectos y la posible contaminación.
Están previstas nuevas medidas contra la privatización del hospital con interpelaciones de la oposición en el Parlamento de Galicia el día 15 de octubre (con el respaldo de los trabajadores del Complejo Hospitalario) y ya se celebró un encuentro de la Xunta de Personal y la Plataforma SOS con todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, ayuntamientos y la Diputación Provincial para analizar la situación y adoptar medidas conjuntas para solucionarla, el pasado 21 de septiembre.
La gran alianza de los trabajadores sanitarios con las organizaciones sociales y los ayuntamientos ha sido una de las claves del éxito de una movilización que puede suponer a medio plazo la anulación de la concesión y el recate del hospital para el sistema sanitario público gallego.
Ángel Cameselle Corbacho, presidente de la Xunta de Personal del Área de Vigo.
Manuel Martín García, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
