Me siento indignado con la situación de rebeldía y con las protestas de una parte de la ciudadanía de Madrid. Del mismo modo con la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no le está haciendo ningún favor al Partido Popular, y que con sus declaraciones provoca, además de indignación, hilaridad.
Está claro que la pretensión de la presidenta de la comunidad y de ese grupo de privilegiados económicos del barrio de Salamanca madrileño es anteponer lo económico por encima de la salud nacional. Ya sabemos que la economía es importante, es cierto, pero no servirá de nada si la pandemia continúa extendiéndose por toda España sin control.
Para evitar la expansión del virus son necesarias las medidas de confinamiento, y cualquiera que fuera el gobierno de España, de izquierdas o de derechas, hubiera tenido que adoptar unas medidas tan restrictivas como las actuales; es una cuestión de responsabilidad e incluso de auténtico patriotismo, pero no de ese patriotismo de billetera abultada del barrio de Salamanca madrileño.
En las primeras semanas de la expansión del Covid-19, en los hospitales españoles detectaban que el origen de la mayoría de los contagios tenía alguna vinculación con alguien que había llegado de Madrid. Sin duda, Madrid fue uno de los núcleos de la expansión inicial de la pandemia de este coronavirus. Pero también es preciso reconocer que esas situaciones surgen de modo inesperado y que nadie en concreto tiene la culpa de su aparición.
El verdadero origen de los contagios en España seguramente estuvo en alguna persona o en algún grupo de personas que tuvieron vinculación con Wuhan o con alguna población extranjera a donde la infección ya había llegado antes.
Debemos recordar que todos los virus necesitan de un organismo superior para reproducirse, y que este virus en concreto, el Covid-19, igual que todos los demás -la gripe también es provocada por otro virus-, para reproducirse necesita, por ejemplo, del ser humano. Este coronavirus en particular -porque también existen otros tipos de coronavirus- se reproduce con una velocidad enorme y provoca grandes complicaciones en la salud, incluso con importantes secuelas que aún se están descubriendo. Es muy peligroso y, además, invisible, lo cual hace bajar la guardia a muchas personas.
Lo que también es curioso y a la vez indignante es que, cuando las autoridades gubernamentales decidieron controlar la expansión mediante el confinamiento de la población, se formaron enormes retenciones en las salidas de la ciudad de Madrid porque muchas personas querían marcharse y los controles se lo impedían. Era como si una gran parte de la población madrileña -mientras el resto de España cumplía las normas- hiciera caso omiso de lo que estaba ocurriendo, sin respetar las indicaciones de confinamiento que ordenaban las autoridades gubernamentales. Se trataba de que el virus estuviera controlado y que no continuara su rápida y peligrosa expansión. Sin embargo, ya digo, una gran parte de los madrileños no querían ni quieren hacer caso a las advertencias. No terminan de asumir su responsabilidad como ciudadanos con sentido patriótico, que son los que verdaderamente desean el bien común para todos los españoles y para España.
Para controlar la pandemia del Covid-19, España necesita un mando único y coordinado con las autoridades autonómicas y provinciales, e incluso con las locales. Lo que no es admisible son esas posturas que ahora comentamos, las del falso patriotismo de la Comunidad de Madrid y de la privilegiada ciudadanía del barrio de Salamanca. Esas rebeldías entorpecen la solución de esta peste. Por tal motivo, en estos casos extremos en los que la disidencia pone en peligro a toda la población española, la Constitución contempla la aplicación del artículo 155, algo que debiera llevarse a cabo en la autonomía de Madrid. Sin contemplaciones.
Artículo 155: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
