El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha enfriado las perspectivas de pedir el certificado covid o una prueba negativa para entrar en locales de zonas de alta incidencia, al suspender cautelarmente la medida del gobierno canario vigente desde el lunes en Tenerife. Cantabria, Melilla e incluso Andalucía ya sopesan implantar esta medida, que se aplica desde el sábado en Galicia y que los jueces canarios han tumbado cautelarmente en las islas aludiendo a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran los datos relativos a la salud dentro del derecho a la intimidad por lo que no cabe exigirlos «en este contexto».
La Sala aplica el mismo argumento tanto para los establecimientos de hostelería como para los espacios culturales, y considera proporcional la medida de restricción del 55 por ciento del aforo pero sin comprobaciones de datos de salud. El Gobierno de Canarias había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4 y requería que el 50 por ciento del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses.
Esta decisión fue recurrida tanto por la Asociación Hostelería Unida de Tenerife como por el Círculo de Empresarios y Profesionales de Tenerife del sur de Tenerife.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó ayer en manos de las comunidades, en el marco de sus competencias, la posibilidad de pedir pruebas covid para acceder a interiores, pero mostró sus dudas sobre el uso del certificado europeo, ya que este documento se ideó solo para facilitar la movilidad entre países. A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, indicaba este jueves que el uso del certificado covid está permitiendo «garantizar una movilidad segura», pero defendía que las comunidades lo empleen para otros ámbitos, siempre y cuando respete «el marco de sus competencias».
En cualquier caso, la suspensión cautelar de la justicia canaria plantea más dudas en el debate, aunque en Galicia ya se ha extendido esta medida en las zonas de mayor incidencia desde el sábado. En los establecimientos de ocio y hosteleros, se requiere el certificado de vacunación o una prueba negativa, y para facilitar el cumplimiento de la medida, la Xunta ha aprobado la instalación de catorce puntos móviles en las ciudades y cabeceras de comarca para descargar tanto el certificado que avala la inmunidad del coronavirus -ya sea con la vacuna o por haber pasado la enfermedad- o de tener una prueba negativa.
Otras comunidades también estudian el uso
Si bien Melilla anunciaba ayer su implantación a mediados de agosto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, advertía este jueves de que su Gobierno «probablemente» lo apruebe ante la situación «muy preocupante» de la transmisión del virus. Así lo han pedido los alcaldes de los 19 municipios cántabros que están en riesgo alto de contagios.
También en Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, cree que se dan las circunstancias para exigir un certificado, a pesar de que se ha reconocido «muy reacio» a la medida. Pero, ha argumentado que el ritmo de vacunación ahora lo permite. La Asociación Riojana de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas ha propuesto abrir sus establecimientos «con un límite del 75 %», pero exigiendo el certificado de vacunación completa o una PCR negativa en las últimas 72 horas. Para los empresarios riojanos, esta medida «incentivaría a los jóvenes a pedir la vacunación voluntaria y facilitaría el control y rastreo de los casos positivos».
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, insiste en «marcar unas pautas homogéneas» en todas las comunidades para poder exigir estas pruebas.
