El juzgado de lo Penal 2 de Vigo ha acogido este miércoles un juicio contra tres personas (padre, madre e hijo) como supuestos autores de un delito de coacciones por, según la Fiscalía, «hacerles la vida imposible» a sus vecinos de arriba para que éstos abandonasen la vivienda.
La Fiscalía mantiene que los hechos ocurrieron entre abril de 2021 y, al menos, agosto de 2024 en un inmueble de Panxón, en Nigrán, cuyo bajo es propiedad de los acusados y donde vive uno de ellos, el hijo, mientras que los perjudicados viven en el primer piso.
Según el ministerio público y la acusación particular, tanto el padre, Ángel Manuel C.V.; como la madre, Milagros F.A.; y el hijo de ambos, Moisés C.F., le cortaban el suministro de agua a los vecinos de arriba (que son sus familiares), aprovechando que la llave de paso se encuentra en la planta baja.
Los denunciantes no podían acceder a esa llave porque los acusados se lo impedían, y dejaban perros sueltos para que sus familiares no pudieran acercarse.
Estas actuaciones provocaron numerosas intervenciones de la Policía Local de Nigrán y de la Guardia Civil, y la familia del primer piso interpuso varias denuncias. De hecho, los acusados ya fueron condenados hasta en tres ocasiones por llevar a cabo estos hechos, «sin que en ningún momento cesara la realización de acciones similares cada poco tiempo», según el Fiscal.
Durante la vista, los tres acusados han reconocido que hubo un conflicto con los denunciantes, pero han precisado que los hechos se ciñen a cuestiones que ya fueron enjuiciadas, y han negado que, desde entonces, los perjudicados hayan tenido algún problema para acceder a la llave de paso del agua.
Sin embargo, las acusaciones sostienen que la actitud de los tres encausados se mantuvo en el tiempo, incluso después de esas sentencias condenatorias. Al respecto, el Fiscal ha recalcado que lo que subyace en su actuación es la pretensión de «echar» de su casa a los perjudicados «a base de hacerles la vida imposible».
La Fiscalía solicita 2 años de cárcel para cada uno de los tres, que se les imponga la prohibición de acercarse a los perjudicados o a su domicilio por un período de 2 años, y que paguen una indemnización de 2.000 euros por daños morales.
Mientras, las defensas han solicitado la libre absolución, alegando que no hay pruebas de nuevos hechos delictivos, que los hechos acreditados ya fueron juzgados en su momento, y que la nueva acusación se basa en «suposiciones». El letrado de la madre ha solicitado que, si hay condena, se aplique la atenuante de alteración psíquica.
