Apenas un mes después de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), el pasado 27 de agosto, la controversia ya lo acecha. Luisa Sánchez, presidenta del Partido Popular local, ha denunciado la existencia de 20 recursos contencioso-administrativos presentados por ciudadanos y empresas contra el documento aprobado el 26 de mayo. En un contexto donde el urbanismo vigués busca dejar atrás décadas de parálisis, la líder popular critica la “opacidad” del gobierno de Abel Caballero y reclama un diálogo que evite repetir los errores del pasado, cuando el PXOM de 2008 fue anulado judicialmente.
Un plan bajo sospecha
El PXOM, que sustituye al obsoleto plan de 1993, llegó tras un proceso que el PP califica de “oscurantista”. Según Sánchez, la tramitación, liderada por la concejalía de Urbanismo, ignoró a la ciudadanía y a los colectivos locales, dejando sin respuesta 4.502 alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, finalizado en enero de 2022. “La falta de transparencia es una seña de identidad del gobierno de Caballero”, afirmó la presidenta del PP, quien ve en las 20 demandas judiciales –publicadas en parte en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra– el reflejo de un malestar ciudadano que no encontró cauces administrativos para resolverse.
Estas denuncias, interpuestas por particulares y empresas, cuestionan la aprobación definitiva del plan en el pleno de mayo. Desde el departamento de Urbanismo del Concello y su Asesoría Jurídica, se trabaja contrarreloj para recopilar documentación y reforzar la defensa legal, ampliando recientemente el contrato con un despacho externo de procuradores para gestionar las reclamaciones. “De aquellos barros, estos lodos”, sentenció Sánchez, advirtiendo que la opacidad del proceso podría derivar en más recursos en las próximas semanas.
Abstención por responsabilidad
Pese a sus críticas, el grupo municipal del PP optó por la abstención en la votación del PXOM, una decisión que Sánchez justifica por “responsabilidad”. “No es el plan que hubiéramos querido, pero Vigo necesita un instrumento urbanístico que responda a las demandas actuales, no uno de hace 30 años”, explicó. La anulación del PXOM de 2008 dejó a la ciudad en un limbo que solo las leyes autonómicas de la Xunta pudieron sortear, desbloqueando proyectos como la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Ifevi, la nave H de Balaídos o el complejo comercial y ferroviario de Urzáiz. Sin embargo, el PP insiste en que el nuevo plan debe ser “vivo” y flexible, capaz de incorporar nuevas viviendas, zonas verdes e infraestructuras sin caer en la rigidez.
Un llamamiento al diálogo
El temor del PP es que la historia se repita. “No queremos que el PXOM de 2025 esté expuesto a inseguridad jurídica”, afirmó Sánchez, urgiendo a Caballero a “bajarse de su trono” y abrir un proceso participativo que atienda las demandas ciudadanas. Muchas de las 20 denuncias actuales provienen de alegaciones ignoradas, reflejo de una frustración que ha empujado a los afectados a los tribunales. “¿Cuántas denuncias más habrá en los próximos meses?”, se preguntó la líder popular, subrayando que Vigo no puede permitirse otra parálisis urbanística ahora que proyectos pendientes, como la revitalización del patrimonio industrial o la creación de dotaciones, empiezan a despegar.
La presidenta del PP abogó por un plan que fomente el desarrollo sostenible, con nuevas infraestructuras y espacios verdes, pero advirtió que esto requiere “diálogo, participación y escucha”. En un momento clave para el urbanismo vigués, con la ciudad ansiosa por crecer, Sánchez pidió evitar que los tribunales tengan la última palabra: “Vigo no se lo merece”. Mientras las demandas se acumulan, el futuro del PXOM pende de un hilo, y la ciudad espera que la planificación urbana no vuelva a tropezar con la misma piedra.
