Un grupo de feriantes que este jueves querían acceder al Concello para registrar la documentación de sus atracciones y poder así contar con las respectivas autorizaciones para instalar las mismas en las fiestas patronales del verano en Vigo no han podido hacerlo.
Y es que como denuncia el grupo municipal del BNG y los propios feriantes -que eran de un total de 8 atracciones distintas- el gobierno local les «vetó» el acceso.
La Casa Consistorial apareció este jueves vallada y con un operativo policial que, según pudo comprobar ‘in situ’ el partido nacionalista, «identificaba a personas por motivos raciales y restringía el acceso a todas las personas que se identificaban como feriantes». Como explican, querían entrar para registrar documentación «ante la falta de respuesta del departamento municipal de Seguridad». «Solamente pudo entrar nuestra ingeniera porque no se identificó como feriante», explicó uno de los afectados a VIGOÉ.
Su intención era entregar los documentos corregidos que, según les señalaron, «dicen que están mal» para intentar salvar la instalación de sus atracciones en las fiestas de Coia y Bouzas. Para la primera lo ven prácticamente imposible pero su pretensión pasaba por Bouzas y el resto de fiestas estivales. «No nos dicen el motivo y vinimos para que nos digan qué está mal pero si decimos que somos feriantes no nos atienden», denunciaba uno de ellos, sin descartar acudir a la vía judicial para denunciar esta situación.
Mientras, eara el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, se trata de una decisión “sin precedentes y sin motivación legal”, dado que las dependencias del Ayuntamiento «son un espacio público que debe quedar abierto a toda la ciudadanía».
El partido nacionalista pudo constatar de primera mano como los agentes de la Policía Local se dedicaban a «filtrar e identificar» el acceso de personas a la lonja del Ayuntamiento «en base a motivos raciales, como personas de etnia gitana o negra, permitiendo el acceso libre del resto de vecinos que no respondía a estos rasgos».
Además, a las personas que se les impidió el acceso para realizar gestiones se les derivó al 010. “Una medida absolutamente discriminatoria e inaceptable por parte de una Administración pública”, criticó Igrexas, quien avanzó que ante estos “hechos gravísimos”, el BNG acaba de exigir por escrito explicaciones al alcalde como máximo responsable municipal.
Además, demandan «depurar responsabilidades» por una instrucción y una operativa que, consideran, «atenta contra los derechos fundamentales». “No vamos a tolerar que con el pretexto de la seguridad o de prevenir hipotéticos incidentes el gobierno municipal de Abel Caballero coloque barreras raciales en el acceso a la Casa del Ayuntamiento, que es la casa de todas y de todos”, concluyó Igrexas.
