Los trabajadores, en huelga indefinida desde el pasado lunes para denunciar la «discriminación» del personal subrogado por la nueva concesionaria, Althenia, se manifiestan desde entonces en la Praza do Rei para llamar la atención del gobierno local, al que consideran responsable de los incumplimientos de la nueva concesionaria -que entró en servicio el pasado 1 de septiembre- del pliego de condiciones.
El personal de Althenia accedió a las dependencias municipales alrededor de las 13 horas con el objetivo de mantener un encuentro con Ángel Rivas y ante la imposibilidad de hablar con éste decidieron iniciar un cierre que se prolongò hasta las 16:30 horas de este jueves después de que la Policía Local amenazase con sancionarlos «por orden de la Alcaldía en base a la Ley Mordaza» recientemente aprobada. Antes de salir del edificio, no obstante, lograron su objetivo ya que Rivas se comprometió a recibir a tres miembros del comité el próximo lunes a las 9 horas.
No obstante, los trabajadores decidieron trasladar sus protestas al exterior del edificio consistorial, en la Praza do Rei, donde han instalado tiendas de campaña en las que permanecerán al menos hasta el próximo lunes.
Apoyo del PP que exige a Caballero que actúe
Por su parte, el grupo municipal popular sí recibió este jueves al mediodía a una representación de los trabajadores a quienes trasladó su apoyo al considerar que la concesionaria está quebrantando el contrato y, por tanto, «el gobierno local tiene la obligación de hacerlo cumplir».
La portavoz del grupo, Elena Muñoz, así se lo trasladó a los representantes y posteriormente ante la prensa demandó la «intervención inmediata» del alcalde en este conflicto, al que remitirá un escrito solicitando «decisiones urgentes». Además, instó al Concello a «paralizar los pagos» mientras no se aclare la situación y recordó que el incumplimiento del servicio perjudica a la ciudadanía.
Por último, criticó al concejal Rivas por adjudicar “tarde y mal” el servicio y por “permitir un caótico traspaso entre las concesionarias que afecta gravemente a la calidad del servicio”. Muñoz recordó que Rivas está además imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones de su departamento, y lamentó que el gobierno «se haya negado sistemáticamente a auditar las contrataciones y a las concesionarias para garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad”.
