La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la Xunta de Galicia han formalizado la compraventa de 40 viviendas repartidas en 16 municipios gallegos para incrementar el parque de vivienda social en la comunidad.
En concreto, el Gobierno autonómico invertirá unos 3,5 millones de euros en esta adquisición, cuantía que la Sareb destinará al repago de su deuda.
“Esta venta es un ejemplo más de cómo Sareb cumple con su doble mandato económico y de sostenibilidad. Con la venta avanza en la desinversión de sus activos para reducir la deuda avalada por el Estado y lo hace bajo el principio de utilidad social al poner a disposición de las Administraciones públicas sus viviendas para destinarlas a alquiler social”, ha reivindicado la Sociedad.
Así, estos domicilios se encuentran en Vigo (10), A Coruña (1), en las localidades coruñesas de Arteixo (1), de Cedeira (2), de Cee (2), de Culleredo (3), de Miño (2) y de Narón (2), además de en los municipios pontevedreses de Lalín (1), de Poio (1), de Ponteareas (1), de O Porriño (3), de Salceda de Caselas (2), de Salvaterra de Miño (3), de Silleda (2) y de Vilagarcía de Arousa (4).
Fue el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, el que firmó las escrituras de compraventa de las viviendas con los representantes de la actualidad propietaria.
Todas ellas son viviendas que llevan años destinadas al alquiler social bajo el paraguas de un convenio firmado entre la Sareb y la Xunta de Galicia que vencía en 2023. Así, los inquilinos que ocupan estos inmuebles, en su mayor parte personas en situación de vulnerabilidad, podrán seguir viviendo en ellos en las condiciones establecidas.
“De hecho, uno de los objetivos con los que el IGVS compra estas viviendas es facilitar la permanencia en sus hogares de personas vulnerables o que se vieron afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias en su día y que, por consiguiente, necesitan un alquiler social”, ha indicado la Xunta en un comunicado.
Asimismo, la Xunta busca también avanzar en su objetivo de incrementar el parque público bajo su titularidad, reforzando la oferta en aquellos municipios donde sigue existiendo demanda de viviendas protegidas en régimen de alquiler.
