El índice de precios de referencia del alquiler para regular el precio de los mismos en las zonas que se declaren tensionadas, y que entrará en vigor a partir del martes, 13 de marzo, suscita el interés de algunos ayuntamientos y dudas en otros, aunque con voluntad de estudiarlo, y un posicionamiento de la Xunta que pasa por no declarar de oficio ningún municipio como mercado tensionado, requisito necesario para fijar un tope.
Se trata, según ha detallado el Ministerio, de un sistema de rangos según características de la vivienda como superficie, estado de conservación, si tiene ascensor o no, aparcamiento, año de construcción o zonas comunes, todo para que las de «menos valor» no puedan incrementar su precio al ser equiparadas con otras de mayor calidad en la misma zona.
Un índice que «solo» se podrá aplicar en el caso de que la comunidad autónoma solicite zonas de alquiler tensionado — ya que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas– por lo que la Xunta realiza ahora los cálculos sobre los ayuntamientos que podrían ser objeto de esta declaración y estudia «con detalle y desde un punto de vista técnico las implicaciones» que tendría en el mercado gallego.
Con todo, en una respuesta trasladada a Europa Press, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lamenta que sea una medida diseñada «sin la debida consulta y escucha a las comunidades», además de «repetir el error cometido con la Ley estatal de vivienda en la que se incluye este índice».
Además, el departamento autonómico destaca que «llega nueve meses después de la aprobación de la ley» lo que, en opinión de Vivenda, «muestra la falta de planificación del Gobierno central».
«La Xunta dejó claro desde el principio que no va a declarar de oficio zonas tensionadas en Galicia porque fijan obligaciones que contribuyen a desincentivar a los propietarios e incluso a reducir la oferta y ya fracasaron en otros países y ciudades europeas», expone.
Pisos de alquiler, a la venta
Sobre la medida, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez de la Fuente, sostiene que la ley estatal «descompensa la balanza» entre arrendadores y arrendatarios.
«Eso está provocando que muchos propietarios quiten sus viviendas del mercado del alquiler de vivienda habitual para pasarlo a otro tipo de alquileres o incluso poniéndolos a la venta, el tope de los alquileres tiene diferente repercusión en función de las zonas, pero supone entre un 5 y un 20% menos de los alquileres vigentes», explica.
Cuestionada sobe la necesidad o no de declarar mercados tensionados, indica que «indudablemente» hay «muchos ayuntamientos» que cumplen el requisito de mercado tensionado, lo que «tiene dudas» es si esas medidas conseguirán el efecto deseado.
«Por un lado, bajará el importe de algunos arrendamientos (solo los de los grandes tenedores) pero, por otro, habrá propietarios que quiten sus viviendas del mercado del alquiler porque ya no les interesa», argumenta al tiempo que advierte que Agalin notó «un aumento de compraventas de viviendas que antes estaban alquiladas y los propietarios no se ven protegidos y las sacan del mercado».
Y es que la presidenta de Asociación incide en que la ley estatal beneficiará a los arrendatarios, ya que, en su opinión, «les da más derechos, plazos más largos y límites de precios». En cuanto al tope del alquiler, insiste en que «solo beneficia a inquilinos».
En relación a esta cuestión, recalca que estos topes serían aplicados solo en mercados tensionados y en viviendas de grandes tenedores o que llevaran sin alquilar los últimos cinco años.
«En el resto, el límite será el arrendamiento vigente en el contrato anterior, sin poder hacer subidas con un nuevo inquilino, salvo que se hicieran obras ya que, en ese caso, se podría aumentar un 10%».
Situación en ayuntamientos
En ciudades como Vigo precisan, consultados por Europa Press, que están estudiando si hacer la solicitud de mercado tensionado, por lo que de momento no exponen un posicionamiento al respecto. En Lugo, los técnicos trabajan para hacer los cálculos de las zonas en las que se podría aplicar.
Mientras, en A Coruña inciden en que se formalizó la solicitud y, recientemente, la alcaldesa, Inés Rey, instó a la Xunta a «ponerse a trabajar» ante un mercado del alquiler «duplicado» en sus precios en la ciudad en algunos casos.
Asimismo, Santiago estudia la petición, pero reconoce que se requiere de informes «exhaustivos» que «no se hacen en dos días, ni en 15, ni un mes». Por eso, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, lamentaba que la Xunta haya puesto «una serie de condicionantes que van mucho más allá de los requisitos que se marcaron desde el Estado».
«Nosotros haremos nuestro trabajo, pero yo tengo mis dudas de si, después, la Xunta no va a encontrar algún otro problema, porque lo que transmite es que no quieren hacer esta declaración», sostenía, a su vez.
En Pontevedra, el Ayuntamiento anunció que realizaría un estudio para detectar estas zonas, pero están a la espera de poder aprobar el presupuesto municipal para encargarlo y esta semana el PSOE anunció que va a presentar una moción para solicitar la declaración y contarán con el apoyo del BNG.
Municipios turísticos
Mientras, en otros municipios turísticos, como en A Illa de Arousa, señalan que tienen que estudiarlo para ver los «pros y contras». En Sanxenxo, «por el momento», no realizan ningún estudio sobre esta cuestión.
En Bueu, el alcalde, Félix Juncal, avanza a Europa Press que evalúan la posibilidad de realizar un estudio, ante la previsión de que «se agrave» el problema del alquiler, para tomar una decisión «en los próximos meses».
«Hay personas que finalizan el contrato de alquiler y los propietarios optan por destinarlas a uso turístico, un problema que consideramos que se agravará en los próximos años», lamenta Juncal.
Xunta dice que no recibió peticiones
Sin embargo, la Xunta defiende que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud de declaración de zona residencial de mercado tensionado.
En el caso de A Coruña, la administración autonómica apunta que le trasladó «un escrito» al respecto, pero «sin incorporar la documentación en la ley de medidas fiscales administrativas», por lo que no lo considera una solicitud formal.
Para conceder estas zonas, el Gobierno gallego insiste en que ante la aprobación de la ley estatal introdujeron modificaciones en la ley de vivienda gallega para regular, «de forma clara y concreta», cómo deben ser las peticiones de los ayuntamientos.
Para Vivenda, se trata de una medida que «va a alcanzar los resultados opuestos a los buscados», con «reducción de la oferta de viviendas en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán venderlas», argumenta, o destinarlas a alquiler turístico, alquilarlas por habitaciones o mantenerlas vacías. «Eso es lo que sucedió en ciudades europeas que adoptaron medidas similares antes que en España», reitera.
