Un empresario, administrador de una mercantil de servicios informáticos de Vigo, se enfrenta a 22 meses de prisión como presunto autor de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, y será juzgado este miércoles en la sala de lo Penal 1 de la ciudad olívica.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante varios meses, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el acusado se dirigió a una empleada suya, que se encontraba de baja y a la que se le había reconocido una discapacidad psíquica y sensorial del 63 %, enviándole mensajes o hablándole con términos que la degradaban y con propósito libidinoso.
Así, en una comida de empresa a la que acudió la trabajadora, en un momento en que ambos estaban solos en la vía pública, le dijo que «nunca había follado con una discapacitada». Igualmente, le envió numerosos mensajes con el «ánimo de denigrar y cosificar» a su empleada, con expresiones como «mañana tengo una reunión muy importante y necesito que vengas, tú también me vas a fallar?», «follamos o no? a ver hora? A las 18,30 motel Caribe», «cobarde, floja», «al final, follamos o no?», «eres ya menos válida? ya puedes aparcar en zonas azules?», «el jueves quiero follar contigo hasta que camines como Bambi en el hielo», «ya, estás despedida», etc.
Además de esos mensajes, en enero de 2023 ambos mantuvieron una conversación telefónica, en la que el jefe le dijo: «voy a insistir hasta follarme a la discapacitada y, si no, voy a tomar medidas; no van a hacer caso a discapacitada que estuvo en un loquero, lo que quiero lo consigo». Finalmente, la empleada fue despedida en marzo de 2023.
Según se recoge en el escrito de acusación pública, el informe forense refleja que estos hechos produjeron en la mujer una reagudización sintomática de su trastorno depresivo, que requirió tratamiento médico, y le han quedado como secuelas ansiedad, empeoramiento clínico fluctuante, parasomnias o agravación de conductas evitativas.
Por otra parte, la Fiscalía señala que «no consta» que la empresa del acusado dispusiera de los protocolos obligatorios de prevención y control de acoso sexual ni que, de tenerlos, se hubieran activado en este caso.
Delito y penas
El ministerio público considera al procesado autor de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, y pide que sea condenado a 22 meses de prisión, y que se le inhabilite para el ejercicio de su profesión durante 21 meses.
También reclama que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 3 años, la medida de libertad vigilada por tiempo de 2 años e inhabilitación para desempeñar oficio o actividad que implique relación con menores durante 3 años y 10 meses.
Igualmente, pide que la empresa abone una multa de 28.350 euros, y que tanto la mercantil como el propio acusado indemnicen conjuntamente a la trabajadora en 7.382,32 euros por las lesiones, secuelas y daños morales.
