La familia de la desaparecida Déborah Fernández ha lanzado un ultimátum al Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, que instruye la causa sobre el asesinato de la joven. Según ha revelado este jueves el abogado Ramón Pérez, el pasado 26 de noviembre se remitió a la sala que lleva la “presunta investigación” un escrito con “dos peticiones”. La primera, que se llamara a declarar al exnovio de la fallecida, a quien la familia considera el principal sospechoso del crimen. La segunda, que en caso de no aceptarlo “seamos consecuentes cada uno con nuestros actos” y se archive el procedimiento.
De esta forma, la familia parece agotar su último cartucho para que se esclarezca el caso. Pérez ha dado a conocer el envío de ese documento en una rueda de prensa ofrecida en Vigo junto a la hermana de Déborah y con el resto de los allegados presentes. El abogado se ha expresado con dureza contra la Fiscalía de Pontevedra por la “sorprendente oposición” que muestra a la hora de que se soliciten algunas pruebas o declaraciones. Un rechazo que en ocasiones ha contado con el apoyo de la jueza.
Pérez ha repasado una serie de “datos que apuntan de modo claro” hacia el exnovio de Déborah, a quien no mencionó expresamente en ningún momento. El abogado se refirió a él siempre usando la palabra “ciudadano”. Algunos de esos “datos” son secretos; otros aparecen en atestados que la familia considera “contundentes” porque dirigen la acusación hacia esta persona “de modo indubitado”.
Pérez quiso dejar claro que “no tenemos nada contra una persona” en concreto sino que su deseo es conocer “la verdad de lo ocurrido, sea cual sea”. Sin embargo, entiende que es fundamental citar en calidad de investigado a este hombre para avanzar en la causa dado que el crimen prescribe en mayo de 2022.
Las palabras del abogado hacia la Fiscalía fueron más allá al asegurar que “no va a mover un dedo si no encuentra un ADN de autor”, algo que a juicio del letrado no va a suceder. “Dejemos ya de una vez este paripé”, aseveró Pérez con contundencia.
Por otra parte, la familia ha alertado de la “manipulación” del disco duro de Déborah, que ha sido “alterado con el fin de borrar su contenido”. Cabe recordar que esta pertenencia de la joven fue intervenida por la Policía Nacional tras el asesinato. Sin embargo, quedó “metido en una caja” hasta 2019, cuando se envió al juzgado. Pérez ha asegurado que no se sabe quién está detrás de esta acción ni cuándo se produjo.
Adicionalmente, denunció que “se han permitido declaraciones falsas en el juzgado”. A este respecto, señaló a un agente de policía que negó su intervención en el caso a pesar de haber tomado testimonio a diferentes personas en su día. Por ello, pidieron que “sea separado del servicio”. Además, reveló que unos testigos que fueron citados por el juzgado en enero de 2020 se comunicaron por WhatsApp entre sí para avisarse de las preguntas a las que eran sometidos.
