El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha emitido un auto en el que decide la prórroga, por un tiempo de seis meses, de la instrucción de la causa por la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver apareció en una cuneta en O Rosal en 2002.
En el auto, con fecha de ayer, la magistrada sustituta del Juzgado de instrucción 2 expone que esta decisión se basa en el Informe del Ministerio Fiscal pidiendo la prórroga a fin de conocer el resultado del examen del teléfono móvil de Déborah y de la prueba de ADN del investigado.
Sin embargo, como recuerdan los abogados de la familia de Déborah en un comunicado, el teléfono no tiene tarjeta SIM, y la acusación particular desistió de la prueba de ADN por medio de un escrito del pasado día 14 de julio.
Dos circunstancias que no menciona la jueza instructora en su auto, motivo por el cual los abogados de la familia de Dóborah, que han recurrido el auto, han mostrado en un comunicado su sorpresa.
“Volvemos a preguntarnos nuevamente: si la Fiscalía entiende que no hay etiología homicida, ¿qué sentido tiene todo esto?”, se preguntan.
Sobreseimiento provisional
La familia de Déborah Fernández-Cervera pidió la semana pasada el sobreseimiento provisional del caso debido al “maltrato” que sienten por parte de la justicia y del Estado, tras más de 20 años luchando para encontrar al responsable del crimen.
“Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho”, dijo entonces Ignacio Pérez Amoedo, abogado de la familia.
Tras mantener una reunión el 10 de julio, los letrados y los allegados de Déborah habían decidido “oponerse” a la prórroga de la instrucción, “lo cual no quiere decir que no se seguirá trabajando para saber qué pasó con Déborah Fernández; esto no es un adiós, sino un hasta luego”, dijeron entonces.
Para la familia, no tiene sentido continuar con la instrucción desde el momento en que, en noviembre de 2022, la jueza denegó el pase a procedimiento de jurado por parte de la jueza en noviembre de 2022, y desde que el pasado mes de abril los abogados de la familia preguntaron al juzgado si era necesario continuar con la causa y “hacer sufrir a la familia” si por aquel entonces los jueces ya pensaban que la joven “no había muerto de forma violenta”.
