Los testigos policiales que han comparecido este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en el juicio contra dos responsables de una empresa de cemento y hormigones por un delito medioambiental (por contaminación acústica), han confirmado los incumplimientos «reiterados» en la planta, situada en Redondela, donde se trabajaba «día y noche» ocasionando ruidos, vertidos, y otras molestias, y ello a pesar de las sanciones, órdenes de paralización y precintos.
El tribunal provincial ha acogido la vista contra un hombre y una mujer, responsables de la empresa, para quienes la Fiscalía solicita 6 años de prisión y multa de 5.400 euros por un delito contra el medio ambiente y cuatro delitos de lesiones, ya que los perjudicados son una familia de cuatro miembros que vivían al lado de las instalaciones y sufrieron durante años los ruidos, vibraciones, el polvo y otros inconvenientes.
En el juicio han comparecido varios miembros de fuerzas policiales, que han corroborado que, desde 2005 y en años posteriores (la empresa cesó su actividad en 2015) acudieron en numerosas ocasiones a la planta de hormigón del Grupo JCA en Vilar de Infesta.
Algunas de las intervenciones se debían a las llamadas del vecino de la casa próxima (ya fallecido y cuya viuda e hijos ejercen la acusación particular) para denunciar ruidos insoportables, vertidos, vibraciones, actividades que no se correspondían con la licencia de la empresa, etc.
En otras ocasiones, la Policía Local se personaba en las instalaciones para comprobar que se cumplieran las órdenes municipales de paralización de actividad. Según han declarado los agentes que comparecieron, la planta se encontraba funcionando a pesar de los requerimientos y sanciones, y cuando los agentes precintaban las instalaciones, éstos precintos se rompían y se proseguía con el trabajo.
«Allí no se podía vivir»
Además, una de las testigos policiales que ha declarado, ha explicado que visitó la planta en varias ocasiones para hacer inspecciones por supuestas irregularidades medioambientales, y se ha referido, en concreto, a una de esas inspecciones. «La recuerdo especialmente, en 2008, porque llegamos y aquello era un barrizal. Estaba todo lleno de lodo, le llegaba al vecino a la puerta, estaban limpiando unas cubas de hormigón y vertían todo a un arroyo cercano», ha explicado esta testigo.
Según ha relatado, el entorno estaba afectado por el ruido, por el barro cuando llovía o por el polvo en suspensión cuando el tiempo era seco. «El vecino denunciaba y tenía razón. Allí no se podía vivir», ha añadido, al tiempo que ha constatado que los responsables de la empresa eran sancionados, las instalaciones precintadas, pero «les daba igual, rompían los precintos, incumplían la normativa ambiental continuamente».
Declaración de los acusados
Los acusados por estos hechos han negado su participación y se han apuntado mutuamente como responsables de lo ocurrido. Así, se ha sentado en el banquillo Jorge C.A., que figura como apoderado de la empresa, y que ha negado tener ninguna autoridad ni capacidad de decisión, ya que el administrador único es un hombre que vive en Brasil.
Según ha declarado ante el tribunal (a todas las partes, excepto a la acusación particular y a la defensa de la otra procesada), él era simplemente un apoderado que se ocupaba de asuntos contables, de ir al notario y de ese tipo de gestiones, mientras que era la otra acusada (que era su pareja en ese momento) la que se encargaba del ámbito medioambiental de la empresa.
De hecho, ha asegurado que no tuvo conocimiento directo de las sanciones, ni de la anulación de la licencia de actividad ni de las denuncias por ruidos, y que solo visitaba las instalaciones de Vilar de Infesta «a veces». «Yo no llevaba nada de eso, yo hacía lo que me mandaban», ha argumentado.
Sin embargo, la otra procesada Ana Rosa P.D., ha explicado que Jorge C.A. era el verdadero dueño de la empresa, aunque utilizaba a su tío (el supuesto administrador que vive en Brasil) como «testaferro», y que era conocedor de todos los problemas que ocasionaba la cementera.
En su declaración, ha explicado que ella tenía un poder en la empresa, pero «las decisiones las tomaba él», incluida la de romper los precintos y mantener la actividad a pesar de los requerimientos y prohibiciones. Al respecto, ha explicado que se celebró un juicio por esa desobediencia, en el que ella aceptó autoinculparse para que Jorge eludiera la entrada en prisión, ya que tenía otras causas pendientes y condenas (Jorge C.A. fue procesado por fraude fiscal y también se declaró su culpabilidad en el concurso de acreedores de la empresa).
Perjudicados
En la vista celebrada en la Audiencia también han declarado los tres perjudicados, vecinos de la cementera, que han confirmado los años de «ruidos, polvo, vibraciones» y molestias. Asimismo, han explicado que todos ellos tuvieron secuelas psicológicas y que, a día de hoy, siguen en tratamiento.
La madre de esta familia ha declarado que el ruido era constante, «día y noche», que no podían abrir las ventanas por el polvo, y que las vibraciones de la maquinaria hacían «temblar cristales y puertas». Además, también ha relatado ante el tribunal un episodio violento, en el que su marido recibió una paliza por parte de Jorge C.A., y otros momentos de amenazas y coacciones.
Tanto ella como sus hijos han confirmado que se realizaron numerosas mediciones de ruido, que reflejaban unos volúmenes muy superiores a los legalmente permitidos, y que la empresa desobecedía sistemáticamente las órdenes de paralización de la actividad y rompía los precintos de las instalaciones.
