La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzga los días 27 de febrero y 1 de marzo, a las 10.00 horas, a cinco miembros de una familia, en Vigo, por alzamiento de bienes, para los que el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión a cada uno tras haber dejado de pagar 1,5 millones de euros por la adquisición, en 2016, de una empresa de marisco.
Según se recoge en el escrito de Fiscalía, la empresa que adquirió se dedicaba a la importación, exportación, comercialización, depuración y distribución al por mayor y menor de pescados, mariscos y crustáceos. En virtud de este contrato, se le trasmitían sus participaciones sociales, sus enseres, maquinarias y su nave industrial, situada en el puerto de Vigo, a cambio de dos millones de euros –aunque en su escritura pública figuraba un precio de 1,2 millones–.
Inicialmente, el acusado abonó 450.000 euros, pero dejó sin pagar la cantidad restante, 1,55 millones de euros. Ante los impagos, el vendedor reclamó a la empresa del ahora acusado la cantidad adeudada que, según Fiscalía, decía tener dificultades económicas pero «en realidad actuó con ánimo de perjudicar» y «cuyo propósito era no abonar la cantidad derivada del contrato de compraventa».
Además, el Ministerio Fiscal indica que en mayo de 2016 transmitió a otra empresa la nave industrial situada en el puerto de Vigo, obteniendo con esa operación la cantidad de 1,3 millones de euros a favor de su empresa.
Asimismo, Fiscalía entiende que, «con el mismo propósito de eludir el pago de la deuda», compró un buque mercante por el que abonó más de 150.000 euros y creó, junto a su hijo –también acusado–, otra empresa en Panamá, a la que transfirió uno de los barcos de su propiedad por 175.000 dólares.
De acuerdo con su mujer y sus tres hijos, conocedores de la deuda, según la Fiscalía, redujeron el capital de su empresa el 18 de marzo de 2018 a 244.000 euros tras haber amortizado 182.000 euros a favor del acusado mediante la entrega de varios bienes, entre ellos una vivienda en O Grove que había sido dada en garantía para el contrato firmado en 2016. Esa misma residencia fue transmitida ese mismo 18 de marzo de 2018 en virtud de escritura pública de pacto de mejora a favor de una de sus hijas.
Del mismo modo, en 2018, «con la finalidad de eludir el pago de sus obligaciones», constituyó «en connivencia con sus hijos y su exmujer otra empresa», a la que en 2019 transmitió tres barcos que había dado en garantía en la operación de 2016.
Penas
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo decretó en 2020 el embargo preventivo de cinco embarcaciones y las fincas adquiridas por el acusado en marzo de 2018 para reducir el capital social de su empresa.
Ahora, el Ministerio Fiscal, que considera los hechos constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, pide para los acusados tres años de prisión y multa de 12.000 euros, así como la disolución de sus dos empresas, la prohibición de que realicen en el futuro actividades vinculadas con importación, exportación, comercialización, y la indemnización de esas dos sociedades al denunciante por 1.586.367 euros.
Además, demanda indemnizar conjuntamente al propietario de la primera empresa de marisco que adquirió en 2016 con la cantidad de 1.586.367,26 euros.
