La Sala de lo Penal número 1 de Vigo inicia este miércoles el juicio contra cinco hombres de entre 33 y 45 años, cuatro de ellos de Vigo y el otro de Pontevedra y todos ellos sin antecedentes penales, acusados de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Para cada uno de ellos la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión y una multa de 1,5 millones de euros.
Los acusados, según el escrito de la Fiscalía, formaban parte de un colectivo estructurado para transportar hachís que compraban en Huelva y otras localidades del sur de España y trasladaban a Galicia para vender a menor escala en Redondela, Vigo y alrededores.
Los cinco acusados estaban bajo la lupa de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional cuando uno de ellos fue sorprendido el 1 de febrero de 2017 en la localidad portuguesa de Monçao por la GNR lusa al volante de una furgoneta en la que transportaba 90 bolsas con cien bellotas de resina de cannabis, lo que equivale a más de 88,5 kilos de hachís que en el mercado habrían alcanzado un valor de casi 506.000 euros.
Según la Fiscalía, uno de los cinco acusados era el cabecilla de la organización y se encargaba de viajar personalmente al sur de España para negociar la compra de la droga; otro tenía un local en Redondela que ponía a disposición de la organización para reuniones y suya era la responsabilidad de conseguir los vehículos que usaba la banda.
Los tres restantes transportaban la droga, vigilaban a la Policía durante el trayecto y distribuían el género una vez en Galicia. La actividad de la organización quedó desarticulada en febrero de 2017, ya que tras interceptar el vehículo cargado de droga la Policía llevó a cabo registros en los domicilios de los componentes de la organización.
Durante los mismos, la Policía halló, entre otras cosas, diferentes cantidades de dinero en efectivo, libretas con apuntes contables, más de una docena de teléfonos móviles y tarjetas, diferentes permisos de conducir a nombre de la misma persona, un chaleco antibalas, una defensa eléctrica, un detector de metales, turismos o pruebas documentales de alquiler de coches.
Por todo ello, la Fiscalía pide para los acusados cuatro años y medio de prisión para cada uno por un delito contra la salud pública, y otro año por un delito de integración en grupo criminal.
