Los tres médicos de familia y dos psiquiatras que permanecen como investigados por la Guardia Civil por su supuesta participación en una red de tráfico de medicamentos en Cangas y Vigo pueden seguir ejerciendo, ya que ni el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ni el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra prevén por ahora adoptar medidas.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado este viernes desde Mos (Pontevedra) que la administración no prevé ningún movimiento porque lo que toca ahora es «respetar la investigación» del Instituto Armado y «colaborar».
«Una vez la investigación avance y tengamos algún otro dato, la Consellería de Sanidade verá si tiene que tomar alguna medida», ha añadido Gómez Caamaño, quien ha insistido en que «hay que ser muy prudente» con este tema y «dejar trabajar a la Guardia Civil».
Tampoco el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha emprendido un procedimiento sancionador. «Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario», manifiesta el secretario general, Jorge Nogueira, consultado por Europa Press.
El responsable de este colectivo profesional explica que será una vez concluya la investigación e, incluso, el proceso judicial cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se pondrán en contacto para comunicar de la resolución. Será entonces cuando el colegio decidirá si procede suspender la licencia de estos facultativos.
Un total de 16 personas implicadas
La Guardia Civil apunta a un total de 16 personas por su supuesta implicación en una red de tráfico de medicamentos en Cangas y Vigo. Los agentes detuvieron el jueves de esta semana a un vecino de Cangas, de 56 años de edad, como presunto cabecilla, pero quedó en libertad a las pocas horas ya desde el cuartel, según ratifican fuentes judiciales.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, explicó el jueves que las actuaciones formaban parte de una operación abierta desde hace meses. El miércoles, se realizó un registro y se detuvo a una persona por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública.
Además, se investiga a otros 16 individuos, entre ellos la pareja del detenido, una mujer de 59 años de edad que, al igual que el arrestado, cuenta con un «amplio historia de antecedentes policiales», tal como aseguraba la Guardia Civil en un comunicado.
«Lo que más nos preocupa, desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, es la presunta implicación en esta red de médicos del Sergas de Cangas y de Vigo, así como de varias farmacias», lamentaba Losada en un audio difundido a los medios de comunicación.
En concreto, se investiga a tres médicos de familia y a dos psiquiatras del Sergas como presuntos autores de un delito de falsedad de documento público (recetas) y un delito contra la salud pública.
También se investiga a un farmacéutico por falsedad documental al expedir ‘Clonazepan’, principal activo del fármaco Rivotril, incumpliendo el deber de comprobar la identidad de la persona que recoge el medicamento y su receta.
La Guardia Civil ha explicado que la investigación dio comienzo en el año 2023, tras comprobar un preocupante aumento del consumo de psicotrópicos entre menores de edad de la localidad.
En este contexto, tanto el conselleiro de Sanidade como el Colegio de Médicos de Pontevedra apuntan que sus organizaciones detectaron la retirada excesiva de estos fármacos, lo cual generó desabastecimiento, y lo pusieron en conocimiento de las fuerzas del orden.
La operación, que sigue abierta, está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cangas, según ha añadido el subdelegado, que ha felicitado la actuación de la Guardia Civil.
Cabe destacar que el Rivotril es un fármaco que, mezclado con hachís, genera el llamado Karkubi o ‘droga de los pobres’, un nuevo estupefaciente consumido por los jóvenes.
