El alijo de 3,8 toneladas de cocaína, transportadas en plena pandemia por el buque MV Karar, volverá a juicio este miércoles, después de dos aplazamientos, y tras un aviso de la Audiencia Provincial de Pontevedra a varios acusados, que no se presentaron a la última vista señalada, en marzo pasado.
El pasado 20 de marzo, la Audiencia Provincial acordó aplazar el juicio contra 28 acusados por ese alijo (uno de los investigados falleció durante la instrucción de la causa), miembros de una organización supuestamente liderada por Juan Carlos Santórum, debido a la baja de una letrada de la defensa, y después de que el cabecilla de la organización ni otros seis acusados más se hubieran presentado.
La sala fijó como nueva fecha de juicio este 17 de abril y la magistrada presidenta advirtió de que los siete acusados que no comparecían se habían ausentado de forma injustificada, por lo que serían vueltos a citar y apercibidos de que, si de nuevo se ausentaban sin justificación, serían «conducidos por la fuerza pública».
En esa sesión de marzo comparecieron 21 acusados, de los cuales 16 permanecen en prisión preventiva. Así, están en la cárcel 14 tripulantes del MV Karar, de Bangladesh y Nepal, y un ciudadano colombiano, además de un gallego que está en prisión por otro procedimiento.
No obstante, el 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque, y la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya una sentencia por estos hechos.
La de marzo fue la segunda suspensión de este juicio, que ya estuvo señalado para febrero, y que se aplazó «por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados», informaba entonces el TSXG.
Transporte de cocaína en plena pandemia
La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron en abril de 2020 a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y posteriormente a otras trece personas en tierra, entre quienes estaban un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.
El considerado cabecilla de la organización, Santórum, se dio a la fuga, pero se entregó meses después para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en una causa por revelación de secretos (filtración de información por parte de dos agentes de la Guardia Civil).
El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.
Penas solicitadas
Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.
