Tras más de un año de investigaciones de la Guardia Civil, la Fiscalía pidió el archivo de la causa y la juez decidió el sobreseimiento del caso al encontrar únicamente «sospechas» que no se sustentan. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo dictó el pasado 20 de febrero un auto en el que da por cerrado el proceso judicial contra MJ. M.D., subinspector, y MJ. F.H., jefa de la Udyco, la pareja arrestada en 2014 bajo la imputación de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Según han informado a Vigo Última Hora fuentes próximas al caso, la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil no se sustentaba en ninguna prueba ni indicio, tan solo en unas escuchas telefónicas que lo único que demostraron fue la amistad del detenido con uno de los comerciantes.
El arresto del matrimonio se produjo a las ocho de la mañana del 7 de febrero de 2014 en el garaje de la guardería de uno de los hijos del matrimonio, cuando dejaban al pequeño, antes de irse a su puesto de trabajo en la Comisaría. Ocho agentes del Instituto Armado irrumpieron en el lugar a bordo de cuatro vehículos y arrestaron a ambos en presencia de otro de los niños, personal del centro escolar y padres y madres de otros alumnos.
Las supuestas pruebas que manejaba la Guardia Civil, dentro de la Operación Tron, eran únicamente escuchas telefónicas del agente vigués, marido de la inspectora que quince días antes había ordenado la detención de dos guardias civiles en Mos durante una operación antidroga contra un clan que se dedicaba al tráfico de heroína. En dichas intervenciones del teléfono existen conversaciones que para la juez tan solo demuestran la estrecha relación que tenían, pero no aportan ningún indicio de filtraciones sobre las operaciones policiales en A Pedra.
No está justificado, afirma la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, ni hay indicios firmes de que los dos policías hubiesen aportado ningún dato o informado al comerciante sobre las investigaciones de la Guardia Civil y añade que solo hay sospechas sin confirmar. Idéntica argumentación realiza la magistrada sobre el otro delito que se les imputaba, omisión del deber de perseguir delitos, al no haber pruebas ni indicios.
La detención del matrimonio se produce cuando la Guardia Civil ya había arrestado a uno de sus agentes, destinado en el cuartel de la calle Barcelona, por la revelación de secretos respecto a la operación de A Pedra. En este caso, el agente del Instituto Armado sí reconoció los hechos y aceptó una condena de un año de inhabilitación y una multa que conllevó la expulsión del cuerpo.
