La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los presuntos autores de una extorsión a un empresario de Vigo al que le reclamaban 400.000 euros por el supuesto impago de una deuda.
Las investigaciones llevadas a cabo por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra se iniciaron el mes de noviembre del año pasado, cuando un empresario del sector pesquero de Vigo denunciaba que estaba recibiendo amenazas por negarse a pagarle a su socio una deuda, supuestamente inexistente.
Según denuncia este empresario, las amenazas surgieron cuando varios juzgados archivaron las demandas que había presentado un abogado de Madrid y el socio del denunciante para reclamar el pago de esa deuda.
Fue a partir de entonces cuando empezó a recibir mensajes y comunicaciones con avisos amenazantes a través de terceras personas, advirtiéndole de los serios riesgos que correría su reputación profesional en el sector empresarial si no cumplía con el pago de la deuda.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil concluyeron con la identificación de estos ‘mediadores’, que resultaron ser dos personas afincadas en Madrid, una de ellas relacionada con el ámbito sindical y la otra con el mundo de la comunicación. Estas dos personas, junto con el abogado y el otro socio del denunciante, fueron notificadas penalmente como investigadas por un presunto delito de extorsión.
A estas cuatro personas se suman otras dos, vecinas de Vigo, que fueron investigadas por el mismo delito de extorsión, habida cuenta de que también habrían participado activamente en el chantaje en nombre del abogado, amenazando a la víctima y a su entorno familiar y social para que pagase la deuda que se dice inexistente.
La operación concluyó con la investigación penal de estas seis personas que supuestamente formaban parte del entramado con el que se pretendía consumar la extorsión: tres de ellas residentes en Vigo y las otras tres en Madrid. Las diligencias instruidas se entregaron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos.
