La Fiscalía ha mostrado su negativa al indulto solicitado por el exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por ‘enchufar’ a una cuñada de la actual primera teniente de alcalde y presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Precisamente en los últimos días la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha remitido al Ministerio de Justicia la documentación de los dos condenados a prisión por el caso del ‘enchufe’ de la cuñada de Silva en una subcontrata del Ayuntamiento olívico.
Todo ello después de que Francisco Javier G.O. fuese condenado a 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricación y malversación por haber favorecido la contratación de la familiar de Silva, a través de varios contratos menores, en una empresa que prestaba servicios para el Ayuntamiento.
El tribunal, que también condenó a un año y medio de cárcel a un responsable de dicha empresa, consideró probado que la cuñada de Silva percibió más de 100.000 euros por unos trabajos que no llegó a realizar.
Sin embargo, el condenado solicitó el pasado mes de febrero el indulto parcial, por lo que se le concedió la suspensión de la ejecución de la pena de prisión en tanto no se resuelva la solicitud.
No obstante, el Ministerio Fiscal se ha mostrado contrario a este indulto. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que entre sus motivos considera que no concurren “razones legales” para su concesión basadas en los principios de proporcionalidad y justicia.
“Así, la pena impuesta es ajustada a la gravedad de los hechos y a la alarma social derivada de comportamientos delictivos por parte de un funcionario para beneficiar fuera de todo cauce legal a familiares próximos a personas que ostentan cargo público”, indica Fiscalía.
Conducta “especialmente grave”
La conducta sentenciada es “especialmente grave” porque favoreció un “enriquecimiento ilícito” de la cuñada de Silva, que recibió del erario público “cantidades de dinero por un trabajo que no realizó”.
“No se observa en el penado ningún tipo de arrepentimiento puesto que reiteró su conducta año tras año en una sucesión de contratos con fraccionamiento del pago para aparentar una legalidad que no existía”, añade la Fiscalía.
Para el Ministerio Público, el indulto en este caso no solo generaría “sensación de impunidad”, sino también supondría “una excepción arbitraria a la ejecución de las sentencias firmes”.
Además, reconoce que la petición de indulto viene apoyada por informes de entidades “que no son ajenas al penado”. “En cualquier caso, dichos informes se refieren a comportamientos del penado que nada tienen que ver con el hecho delictivo, ya que es obvio que mantiene una conducta cívica fuera del ejercicio de la función pública”, subraya la Fiscalía.
“El caso de autos no reúne ninguna circunstancia excepcional por razones de justicia, humanidad o proporcionalidad que justifique la concesión de dicho privilegio anacrónico, ni siquiera de forma parcial, por tal motivo el Ministerio Fiscal informa de forma desfavorable a su aplicación”, concluye.
