La familia de Déborah Fernández Cervera tiene muchas esperanzas puestas en la junta que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este jueves, 8 de septiembre, donde está previsto que se valore la posible conformación de un jurado popular. En concreto, la Audiencia analizará el recurso de apelación presentado por la familia de Déborah contra la negativa del juzgado de instrucción número 2 de Tui a tramitar este procedimiento por la ley que regula el Tribunal de Jurado.
Para la hermana de Déborah, la constitución de este jurado popular sería “un gran avance para nuestra familia” y abriría “la cercanía a un posible juicio contra el principal sospechoso estos últimos 20 años”, según explicó Rosa Fernández.
La familia de la joven viguesa, cuyo cadáver fue hallado en una cuneta de O Rosal en mayo de 2002, tras salir a correr por la zona de Samil diez días antes, reitera la necesidad de que se investigue la cadena de custodia del disco duro del ordenador de Déborah. “En este momento procesal unos peritos forenses de reconocido prestigio en la resolución de causas criminales han determinado que ha sido manipulado una vez que sale del dominio de la familia”, indica.
“Las diligencias de prueba que se solicitan son para poder determinar si en el año 2006 y siguientes se produjeron manipulaciones en las instalaciones de la Policía Nacional, pues cuando menos existen indicios o muchas sombras sobre el acta de recogida del disco duro, del cual no quieren dar ninguna explicación sobre lo que enviaron a este Juzgado, sobre la presunta desaparición del acta original (realmente llamativo que sólo se destruyera ese acta con la inundación), y un sinfín de irregularidades en la actuación investigadora entre 2002 y 2006”, lamentan desde la familia Fernández-Cervera
Los familiares de la joven también recuerdan que “a día de hoy sigue vigente un Atestado policial entregado en 2019 que señala que tienen la plena convicción de que PPPSL es el autor de la desaparición y muerte de Déborah”, un informe que “que pasó por alto” la magistrada y “sobre el que no ha pedido nunca aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones, con lo que seguimos preguntándonos el grado de confianza que tiene SSª y el Ministerio Fiscal en dicho Grupo policial”, indican.
