La familia de Déborah Fernández-Cervera vivió este martes, 18 de mayo de 2021, una jornada muy dura. El dolor por la muerte de su pequeña de 21 años en 2002 volvió con toda su crudeza al reabrir el sepulcro para exhumar sus restos mortales. «Es un día muy duro para toda la familia, tener que ver como levantaban el féretro», resumió a la salida su hermana Rosa.
Y es que padres y hermanos llevan 19 años luchando para que se haga justicia. Después de casi dos décadas denunciando errores en la investigación y a tan solo unos meses de que prescriba el delito, han logrado un paso decisivo. Esta autorización por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Tui, que ha reabierto la causa y dio su autorización para exhumar el cadáver, es un punto de inflexión en todo el proceso.
La investigación entra en su recta final. La exhumación tiene ahora como objetivo hallar restos de ADN que hubiera podido haber bajo las uñas de Déborah. También se analizarán los huesos por si hubiera algún tipo de fractura que no se halló en su día. Igualmente se pretende hallar restos de una posible agresión que hubiesen podido pasar desapercibidos en la autopsia y analizar cuantos vestigios sean de interés científico, antropológico o criminalístico.
«Ahora hay que seguir peleando, nos queda esa rabia contenida de que esté ocurriendo esto en el año 2021 cuando tenía que haberse hecho en 2002, si la jueza lo ha autorizado es porque entiende que algo no se hizo bien», aseguró el abogado Ignacio Amoedo a las puertas del cementerio de Pereiró. Junto a su hermano Ramón y a Maite Rojas forman el equipo de letrados que defiende a la familia. También cuentan con el asesoramiento del criminólogo Óscar Tarruella y el perito Aitor Curiel.
Reapertura del caso
Desde hace casi dos décadas los familiares de la víctima denuncian todo tipo de irregularidades. Algunas de ellas se han ido subsanando desde que en noviembre de 2019 se reabrió el caso. Así, en estos últimos meses han declarado en sede judicial los padres y otra decena de testigos que nunca habían dado su testimonio.
La familia ya alertó que en su día no se investigaron las llamadas de teléfono de su expareja, ni de los amigos o familiares de Déborah. Además el interrogatorio al exnovio de la víctima fue nueve días después de la desaparición, después de ausentarse de España por motivos laborales. No regresó hasta medio año después de lo ocurrido, una declaración que no se envió a los juzgados hasta 2019.
Tampoco se solicitó un perfil psicológico del sospechoso, que nunca se llevó a cabo ya que la petición se archivó en el juzgado el mismo día en que se recibió, y no hubo cruce de declaraciones a pesar de las numerosas contradicciones existentes entre ellas.
Declaraciones «desaparecidas»
El equipo de abogados demostró en los últimos meses que las declaraciones recogidas en los atestados no aparecen en los autos judiciales y que no se inspeccionó el videoclub en el que diversos testigos sitúan a Déborah antes de desaparecer. La familia también asegura que en la recogida de pruebas perdieron el teléfono de la víctima.
La jueza autorizó el pasado mes de abril la entrega del disco duro del ordenador de Déborah a los peritos propuestos por la familia. Daba así su autorización tras estudiar la petición formulada por los abogados de la familia el pasado 24 de febrero. «De modo sorprendente en su momento no se tomaron muestras para su análisis», asegura la familia de la joven.
Después de 19 años de investigaciones plagadas de errores, la familia agota todas las posibilidades en busca de la verdad.
