La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo miércoles, 11 de enero, a dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en el cuerpo de la ciudad olívica.
Para ellos, la Fiscalía pide hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros, además de suspensión para empleo y cargo público por tiempo de tres años y para el ejercicio de función pública relacionada con registros informáticos.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito, uno de los acusados, bombero jubilado, solicitó a su esposa, la otra acusada con puesto de funcionaria policial en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, que accediese a la base de datos con el fin de obtener información confidencial de un opositor al cuerpo de bomberos.
Según la Fiscalía, la intención era perjudicar a esta persona en sus aspiraciones a superar la oposición al cuerpo de la ciudad de Vigo, que se celebró en 2018. Por ello, la mujer accedió en varias ocasiones al informe, donde constaba una orden de búsqueda del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas por un delito de tráfico de drogas, para proceder a la averiguación de paradero y domicilio.
Tras ello, trasladó esta información a su marido, el cual remitió varios mensajes a un agente de policía para la detención del joven. “Como el agente no otorgó la cooperación pretendida por el acusado, consistente en coordinar con Guardia Civil una operación de intervención contra el opositor y como su intención era perjudicarle en dichos exámenes, contactó con el jefe de seguridad del Ayuntamiento, miembro del tribunal de oposiciones”, recoge el Ministerio fiscal.
Así, este funcionario solicitó a un agente de la Policía Local su colaboración en relación a un opositor en busca y captura, comprobando este agente que solo era una averiguación de paradero. Por ello, acudió una patrulla al lugar del examen para identificarlo, “causándole gran perturbación ya que en ese momento se encontraba reclamando el resultado de una prueba física”. Por ello, la Fiscalía también solicita una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado.
