El pleno de Vigo ha aprobado este miércoles una moción presentada por el grupo socialista en la que se insta al Gobierno central a que ponga en macha ante la Comisión Europea “todos los mecanismos legales” para frenar la entrada en vigor del veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico.
La moción, defendida por Elena Espinosa y aprobada por unanimidad, también solicitaba al Ejecutivo español que pida todos los estudios científicos necesarios al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para trasladárselos a la Comisión Europea e instaba a la Xunta de Galicia a que apoye las acciones del Gobierno.
Además, solicitaba al presidente autonómico, Alfonso Rueda, que se reúna con la presidenta de la Comisión Europea para frenar la puesta en marcha del reglamento.
Espinosa ha subrayado que los socialistas “no están de acuerdo ni en el fondo ni en la forma” con la decisión de la Comisión, lamentando que no se hayan solicitado estudios de impacto socioeconómico de dicha norma.
En la misma línea ha hablado el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, quien ha criticado también el silencio “incomprensible” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Rubén Pérez, de Marea de Vigo, ha insistido en la importancia de aportar todos los estudios científicos necesarios para que Bruselas revierta esta decisión.
Por su parte, Teresa Egerique, del PP, ha puesto el foco en el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, al que le ha pedido que presente el recurso necesario para que la norma no entre en vigor.
Moción del BNG
El pleno también votó este miércoles otra moción en defensa de la pesca, en este caso presentada por el BNG, solicitando a la Xunta que convoque “con carácter inmediato” el Consello Galego de Pesca para organizar una respuesta unitaria de todo el sector del mar ante el reglamento de Bruselas.
Esta iniciativa, que fue aprobada en parte por unanimidad y rechaza alguna de sus puntos, solicitó al Gobierno desplegar también todas las acciones para lograr la anulación del reglamento, para exigir la suspensión de su entrada en vigor el próximo 9 de octubre.
