El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado las sanciones impuestas por la Dirección General de Marina Mercante a la armadora Grimaldi y al capitán del buque ro-ro ‘Grande Mirafiori’, que quedó a la deriva por una avería a 5 millas al oeste de las Islas Cíes a finales de febrero de 2022, y tuvo que ser remolcado a la terminal olívica.
Marina Mercante impuso sendas sanciones de 120.000 y 80.000 euros a la armadora y al capitán por dos infracciones de carácter grave, como son incumplir la obligación de informar a la Administración Marítima de la avería de forma inmediata, al hallarse en aguas territoriales españolas; y por «incumplir de forma reiterada y contumaz» las instrucciones dadas por Capitanía Marítima de Vigo para hacer remolque con el remolcador ‘María Pita’, cuando el carguero se encontraba «derivando hacia los bajos existentes en las Islas Cíes y a escasas millas de la costa».
Los hechos que motivaron estas sanciones ocurrieron entre el 27 y el 28 de febrero de 2022, cuando el ‘Grande Mirafiori’, un buque ro-ro de 199 metros de eslora, con 24 tripulantes y cargado con 3.234 vehículos (además de 443 toneladas de gasoil y 1.905 toneladas de fueloil), sufrió una avería mecánica y quedó a la deriva y sin gobierno.
El 27 de febrero Capitanía Marítima dio instrucciones para que saliera a las 12 millas hasta que le tocara entrar a puerto y, ese mismo día, se contactó varias veces con el barco para indicarle que debía cumplir esos requerimientos y para recriminar que no hubiera informado del incidente (del que se tuvo conocimiento por un informe del Centro de Coordinación y Salvamento de Fisterra LA empresa presentó sus alegaciones).
Ignorar las instrucciones
Para el remolque se movilizó a la Salvamar ‘María Pita’, pero cuando contactó con el ‘Grande Mirafiori’, el buque contestó que tenía que esperar instrucciones de su compañía. «En reiteradas ocasiones se ordenó al buque que tomara remolque de la Salvamar ‘María Pita’, ignorando el buque tales instrucciones, mientras seguía a la deriva errática», expone la resolución sancionadora.
Por todo ello, el 28 de febrero Capitanía Marítima ordenó la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, que culminó con una propuesta dictada en diciembre de 2022 y luego con la resolución de la Dirección General de Marina Mercante, de febrero de 2023.
La empresa presentó recurso, que fue rechazado en agosto de 2023, y ahora el TSJM ha confirmado las sanciones. En su sentencia señala que las infracciones «resultan acreditadas», y recuerda que la Ley de Navegación Marítima recoge que los buques obligados a fondear por fuerza mayor deben comunicar su situación «inmediatamente» a la Administración Marítima más próxima.
Igualmente, señalan los magistrados, esta ley expone que incumplir las instrucciones de las Capitanías Marítimas o incumplir el deber de facilitar información suponen infracciones contra la ordenación del tráfico marítimo. Así, el tribunal desestima el recurso interpuesto por la armadora y por el capitán, y confirma las decisiones de la Dirección General de Marina Mercante. La resolución no es firme, y puede presentarse recurso de casación.
Finalmente, después de la rotura del cable de remolque del ‘María Pita’, el barco fue remolcado al puerto de Vigo por dos naves de Remolcanosa, con apoyo de dos barcos de Salvamento Marítimo, un buque de Gardacostas y el helicóptero ‘Pesca 1’.
