La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha enviado al Ministerio de la Presidencia del Gobierno una queja formal por la “inacción” que aprecia en el Ejecutivo central para resolver los problemas derivados del incremento de los precios del gasoil y los “graves perjuicios” del paro llevado a cabo por el sector del transporte por carretera.
ARVI ha mostrado este viernes su “enorme preocupación” por las “graves consecuencias” que están teniendo estas protestas promovidas por “asociaciones minoritarias”. Los armadores han calificado el paro de “desmedido, incontrolado y agresivo”, con acciones hacia quienes que no lo secundan. Esto, según denuncian ha ocasionado “importantes pérdidas de ingresos”. ARVI cifra, solo en Vigo, en más de 540.000 euros la pérdida de valor en primera venta de los productos subastados por la flota de Gran Sol.
Esta situación, pues, están provocando “situaciones de incertidumbre” que sitúan al sector pesquero en la encrucijada de tener que decidir paralizar la actividad porque no hay posibilidad de transporte por carretera, lo que “implicará en muy pocos días el desabastecimiento de productos pesqueros en las grandes ciudades españolas”.
De este modo, el sector de la pesca se siente “doblemente afectado”. Por un lado, por los precios del gasoil y, por otro, debido a la imposibilidad de comercializar sus productos perecederos. ARVI ha recordado que sus asociados también sufren las consecuencias del incremento desmedido de los carburantes (de 0,306€/l de media hace algo más de un año a 0,902€/l de media de marzo a fecha 17 de dicho mes), lo que hace “prácticamente inviable” la actividad de la flota pesquera y sitúa a sus empresas al borde de la paralización.
De hecho, las empresas de la flota de cerco -que captura sardina, jurel y caballa, principalmente- han decidido no reanudar la actividad pesquera hasta que los precios se normalicen. “Otras flotas lo harán en breve”, avisan los armadores.
“Debe exigirse de todo Gobierno que resuelva sin dilación aquellos problemas que el ciudadano común o las propias empresas no puedan solventar. Debe exigirse de todo gobierno, autonómico o nacional, que, respetando el derecho de huelga de ciudadanos o colectivos, se asegure el respeto al derecho al trabajo, a unos servicios mínimos imprescindibles y, en nuestro caso y en el de los agricultores y ganaderos, al establecimiento de corredores seguros para que los productos pesqueros perecederos puedan llegar sin incidencias a los mercados y centros de distribución”, resume la cooperativa viguesa.
