El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes de la puesta en marcha del megacontrato del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. Y lo hizo a raíz de la publicación, el pasado 7 de marzo, del anuncio previo por el que el gobierno municipal inicia el proceso de licitación del contrato que, con un plazo de ejecución de tres años, tiene un coste de 49,5 millones de euros.
Según marca la propia publicación, el nuevo contrato debe entrar en vigor el 1 de diciembre de este año 2025 para ofrecer el servicio a personas dependientes a lo largo de los tres años siguientes. Esto es, como especificó Caballero, un importe de 16 millones de euros anuales con una posibilidad de prórroga «por dos años más», matizó.
Además, detalló que se incrementa el coste por hora del servicio, pasando de «pagar 16,7 euros/hora a pagar 22 euros/hora por el incremento de salarios», especificó, subrayando que «tenemos que hacerle frente a este coste adicional», dijo. Esto para Caballero «pone de manifiesto» que el contrato del servicio sale a licitación con un incremento «muy importante en la cantidad, de casi 5 millones de euros más del contrato», valoró.
Así, tras la publicación del anuncio previo, la previsión es que el proceso de adjudicación se inicie el próximo 11 de abril, cuando las empresas interesadas en este megacontrato podrán presentar sus ofertas.
Con todo, el regidor aprovechó para cargar contra el Gobierno gallego al respecto de este servicio y por el «coste adicional» que le supone a las arcas municipales, exigiendo que «tiene que ser pagado íntegramente por la Xunta de Galicia».
De hecho, y a través de un audio remitido a los medios de comunicación, denunció que la Administración autonómica «paga una cantidad muy mejor con respecto a su obligación», señaló, matizando que el Consistorio tiene que «detraer recursos de otras cuestiones» para poder hacer frente a este megacontrato millonario.
«Les demandamos que paguen el 100% con las aportaciones que recibe del Gobierno de España, porque les aporta unos recursos y la Xunta en vez de pagar el 100% del coste, hace otras cosas. Y le exigimos que la Xunta pague de acuerdo con los recursos que recibe del Gobierno de España», espetó, alegando que se escuda en una ley «que dice que tenemos que financiarlo nosotros». «¿Por qué la Xunta dice que pague el Ayuntamiento, qué es eso de hacer una ley que deriva al Concello?», se cuestionó.
Es por ello por lo que, como informó, hace 15 días desde el Concello de Vigo remitieron una carta a la conselleira de Política Social «demandando que pague de acuerdo a sus obligaciones y, hasta hoy, seguimos sin respuesta», concluyó.
De este modo, Vigo pone en marcha un nuevo contrato millonario para continuar con un servicio municipal -en este caso de asistencia social- sumándose así a los anteriores que salieron a la luz para no dejar a la ciudad sin servicios esenciales de atención a los vecinos y vecinas, como es el caso del de mantenimiento de las zonas verdes -que ya modificó por tercera vez- o el de los cementerios municipales.
A todos ellos se debería sumar también el contrato de la concesión del servicio urbano municipal de transporte público que remataba este año pero que, como ya denunció el PP de Vigo, se tendrá que prorrogar tras conocer una ampliación que llamó «mucho la atención” de los populares, dado que Abel Caballero había asegurado en el mes de enero que la nueva concesión del servicio de transporte público de Vigo estaría lista “antes de junio”. Sin embargo, todo parece indicar que no será así y Vitrasa continuará con el contrato prorrogado.
