El Consejo de Ministros celebrado este miércoles ha aprobado 70 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, así tres de ellas se encontrarán en Galicia. Este anuncio tiene el objetivo de canalizar «el previsible incremento de la litigiosidad, y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos».
Así, en el real decreto presentado este jueves Galicia contará con una plaza de magistrado para la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, correspondiente al orden penal y otra para la sección sexta de la de Pontevedra, correspondiente al orden civil, con sede en Vigo, así como la constitución del juzgado de primera instancia número 16 de A Coruña.
Según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, se trata de 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrado en órganos colegiados conforme a las propuestas formuladas por las comunidades autónomas, así como una plaza de juez de adscripción territorial, que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para realizar funciones de refuerzo y sustituciones.
Justicia también ha querido destacar las medidas adoptadas en este real decreto en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados especializados.
El objetivo, ha explicado, «es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, a fin de lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento».
Destaca igualmente que de esta forma «se da respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal».
En concreto, el real decreto contempla ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Navarra; así como la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata, como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia.
En palabras de Bolaños, este aumento de la planta judicial «es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país».
«El impacto que la buena marcha de la administración de justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades».
PACTO ENTRE PSOE Y BNG
Cabe recordar, que en el acuerdo firmado entre PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez recogieron la creación de cinco nuevos juzgados extraordinarios de violencia de género –fuera de la programación común– en Lugo, Ourense, Santiago, Pontevedra y Ferrol, así como la dotación de «todos los medios necesarios» para su funcionamiento.
Con todo, en el documento suscrito por ambos partidos remarcaron que los juzgados de Santiago, Lugo y Ourense se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
