El comité de empresa de FCC, concesionaria del servicio de recogida de basura y de limpieza de viales y playas de Vigo, ha anunciado este martes la convocatoria de huelga indefinida para rechazar la intención de la compañía de “precarizar” el convenio colectivo. La medida de presión, acordada este lunes en asamblea por la mayoría de la plantilla, comenzará a las 06:00 horas del próximo viernes 15 de julio si nada lo remedia. Así pues, la ciudad avanza hacia una huelga en un servicio muy delicado en pleno verano.
El presidente del comité, Rufino Santalices, de la CIG, explicó este martes que después de más de diez reuniones con FCC, desde que la representación sindical presentó su plataforma de convenio en febrero y se comenzó a negociar en marzo, “para nosotros fue imposible llegar a un acuerdo por la actitud inmovilista de la empresa”.
La decisión se tomó por mayoría en la asamblea de trabajadores ante la intención de la firma de aplicar una serie de recortes, “cuando hace cinco días se formalizó el mayor contrato del Concello de Vigo, por el que ingresará 500 millones de euros en ocho años, con la posibilidad de ampliar otros dos años el acuerdo, que se pagarían aparte”.
Santalices aseguró que los sindicatos han puesto todo de su parte para acercar posturas. “El único objetivo que tenemos es no perder poder adquisitivo ni derechos que ya tenemos consolidados, pero FCC pretende las dos cosas”, apuntó.
El presidente del comité incidió en que las pretensiones del personal “no son nada fuera de lo normal” y pasan por igualar los salarios al encarecimiento del nivel de vida. “Pero la dirección inicialmente ofrecía un aumento salarial del 0% y después de mucho apretar logramos que lo subiese a un 1% primero y luego al 1,5% cada año, porcentaje que estaríamos dispuestos a aceptar siempre y cuando se incluya una cláusula de revisión salarial, algo que la empresa no quiere”, argumenta.
Según expone la CIG, FCC pretende llegar a un convenio de cuatro años por el que el incremento total sería del 6%, cuando el IPC del año pasado fue del 6,5% y este año ya supera el 10%. “Aceptar esto significaría una pérdida importante de nuestros salarios, algo a lo que no estamos dispuestos”, advierten.
El sindicato también denuncia que la empresa quiere eliminar derechos adquiridos como los complementos de IT (100% en caso de accidente laboral y 100% a partir del vigesimoprimer día de baja por enfermedad común) o la jubilación anticipada a los 62 años. “No debemos olvidar que somos un colectivo que trabaja en la calle y eso tiene consecuencias para la salud, por lo que lucharemos con todas nuestras fuerzas para evitar este recorte de derechos”, concluyó Santalices.
Críticas de la oposición al Gobierno local
Ante este anuncio, el grupo municipal del Partido Popular ha reaccionado diciendo que el alcalde, Abel Caballero, “ha quedado desautorizado por un organismo imparcial” al ser “incapaz de poner orden en una concesionaria municipal» tan importante.
El portavoz de la formación, Alfonso Marnotes, ha destacado la alusión que hace el laudo sobre la prórroga de la concesión, aprobada en los momentos más duros de la pandemia, y que fue aceptada por una empresa que supuestamente lo estaba pasando mal económicamente pero que luego “pide indemnizaciones y pretende bajar los salarios”.
Por su parte, Marea de Vigo ha exigido al Gobierno local que tome cartas en el asunto. Su portavoz, Rubén Pérez, ha declarado que el Concello “no puede permanecer callado” ante los múltiples conflictos laborales que están surgiendo en las últimas fechas en las concesionarias municipales.
Pérez ha recordado que la administración local es “responsable” de que se cumplan los pliegos de condiciones de los contratos, que a su vez recogen que la obligación de respetar los convenios laborales y los acuerdos de negociación colectiva. “Estamos notando una ausencia clara de defensa de un conjunto de plantillas que, sumadas, superan a la plantilla municipal”, ha apunta el portavoz de la Marea de Vigo.
Pérez también ha pedido al Gobierno local que actúe en el conflicto de Vitrasa después de que el laudo arbitral haya rechazado las pretensiones de la empresa de acogerse a un descuelgue salarial.
A este respecto, el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha celebrado este “éxito” del personal de Vitrasa y ha recordado que este laudo es vinculante. El edil ha apuntado que el logro se alcanzó “en solitario” ya que el alcalde, Abel Caballero, “no movió ni un solo dedo para evitar este atropello intolerable”.
