El histórico (y polémico) edificio ubicado en el número 37 de la calle Elduayen de Vigo vuelve a estar sobre la palestra.
Y es que la Gerencia de Urbanismo que se celebrará este martes, día 18 de febrero, llevará en su orden del día un punto para resolver definitivamente un expediente de la oficina de disciplina urbanística al respecto de esta edificación, que acarrea múltiples requerimientos administrativos, judiciales y urbanísticos por la realización de obras ilegales e incumplir sistemáticamente la ley.
Tantos, que el pasado mes de octubre fue precintado, levantándose el precinto de forma temporal a principios de este mes de febrero para ejecutar unas obras «urgentes» de impermeabilización que eran necesarias en el inmueble puesto que afectaban a los edificios colindantes.
Tras ello, vuelve a estar precintado, aunque la propietaria presentó un informe técnico -firmado por el arquitecto Pedro de la Puente- en el que se constata que sería necesario un plazo mayor de tiempo para poder solventar los problemas de humedades que han constatado.
Pero ahora, Urbanismo pretende dar carpetazo definitivo a la situación con este polémico edificio con la imposición de un expediente de protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras que, como bien consta en el extenso expediente municipal, no cuentan con la correspondiente licencia.
De hecho, tras múltiples visitas giradas por técnicos de Urbanismo -se llegan a contabilizar casi una veintena en menos de un año- se constata que «no consta licencia municipal ni la previa autorización de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural» respecto a las obras realizadas en el inmueble, datado en el año 1900 y que está catalogado en el Pepri del Casco Vello con nivel de protección ambiental alto -en el ámbito urbanístico-, siendo medio, en su categoría arquitectónica.
Es más, en el momento de las inspecciones constatan que los trabajos están «en ejecución» calificando además la actuación realizada como de «reestructuración general con alteración de los elementos protegidos» al mismo tiempo que advierten de la infracción que supone «la realización de obras de edificación que comporten el movimiento de tierras en una zona arqueológica o en su entorno sin la preceptiva autorización».
Se hacen «de forma clandestina»
Así, subrayan que las obras que se llevaron a cabo «no están ajustadas» a la normativa, detallando que «no se tuvo en cuenta la normativa urbanística, la normativa de habitabilidad, la de protección del patrimonio cultural y demás normativa de aplicación», reza el texto.
Y para más inri apuntan a que «se ha incumplido» la orden de paralización dictaminada en su momento «avanzando en el proceso constructivo de forma clandestina, hallándose las obras en ejecución en el momento del precinto», cuestión que acreditaron tanto los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo como de la Policía Local cuando el pasado mes de octubre se personaron en el edificio para ejecutar la orden de precinto y se encontraron a operarios «abandonando el edificio por la puerta trasera».
A ello le suman la «falta de colaboración» por parte de la propietaria durante el largo procedimiento urbanístico, que está lleno de requerimientos y alegaciones por parte de la propiedad del inmueble.
«No son legalizables»
Con todo, y una vez que los técnicos de la oficina de disciplina urbanística comprobaron las actuaciones realizadas tanto en el interior como en el exterior del edificio catalogado -incluyendo incluso un completo informe y un extenso reportaje fotográfico-, confirman que las obras no cuentan con la preceptiva licencia ni autorización, y elevan el acuerdo a la Gerencia de Urbanismo, declarando así que las obras «no son íntegramente legalizables en su configuración actual».
Es por ello por lo que requieren a la propietaria a que, en el plazo de tres meses, proceda «a restituir la legalidad urbanística vulnerada al estado anterior a la
comisión de la infracción». Eso sí, debe ser «previa solicitud de autorización de la consellería competente en materia de Patrimonio Cultural y licencia municipal», advierten.
Y de no ser así, desde Urbanismo ya avisan de que «en caso de incumplimiento de lo ordenado en la presente resolución», el Concello de Vigo se verá en la obligación de proceder de forma subsidiaria a la misma o a la «ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en la cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada uno».
Cambios en su disposición
El número 37 de la calle Elduayen consta de tres plantas y bajo cubierta y en su bajo comercial estuvo asentado durante años la histórica farmacia Crespo, que abandonó el inmueble en el año 2021, tras 81 años en ese emplazamiento, «por desavenencias», precisamente, «con la propiedad del edificio».
Lo cierto es que el edificio contaba con una orden de ejecución de obras que iban dirigidas a «recuperar las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad del inmueble y garantizar su estabilidad». Dicha autorización se le dio a la propietaria en el año 2014 pero, tras ello, llegaron una serie de actuaciones que no se correspondían con el título otorgado por Urbanismo.
Tras ello, y según consta en el expediente urbanístico tras las múltiples visitas giradas por los técnicos municipales, se confirma la obra «de reestructuración general» que se llevó a cabo en cada una de las plantas, destacando, sobre todo, la ejecutada en la planta bajo cubierta, logrando una terraza -que antes era inexistente- así como el cambio en la fachada que da a la propia calle Elduayen, con una galería que modificó significativamente su estado.
«Las obras que se ejecutaron fueron las de reestructuración general con conservación de las fachadas de piedra (exteriores y a patios), escaleras generales y algunos de los elementos estructurales de madera de los forjados, que exceden de las necesarias para dar cumplimiento al deber de conservación del edificio y, por lo tanto, de mayor alcance que las ordenadas en esta orden de ejecución”, reza el documento urbanístico.
Es por todo ellos por lo que desde Urbanismo alegan que las justificaciones «vertidas» por la propiedad «quedan suficientemente desvirtuadas» debido a los informes técnicos «así como por la constatación de las obras de reestructuración general realizadas, la entidad constructiva de las mismas, la falta de título habilitante y de autorizaciones de la consellería competente», concluyen de forma tajante.
