La asociación de consumidores En-Colectivo ha enviado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) las más de 3.250 firmas que ha recogido en su web para solicitar al Gobierno de España “que asuma las ilegalidades cometidas” en las prórrogas de la concesión de la AP-9.
Tras la apertura del procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión de la autopista, la plataforma En-Colectivo puso en marcha esta recogida de rúbricas para demandar el apoyo de toda la sociedad para conseguir que el Estado “deje de aislar a Galicia” y que “los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos que ya llevan pagando unos peajes que no les corresponderían desde el año 2013 y que, si no se anula la segunda prórroga de la concesión, seguirán pagando desde el 2023 hasta el 2048”.
En concreto, desde la asociación se quiere conseguir que el Estado conteste a la Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea reconociendo que se ha producido un incumplimiento del Derecho Europeo y revocando dichas prórrogas.
Diego Maraña, abogado y presidente de En-Colectivo, señala que “con estas firmas queremos recordar una vez más al Gobierno de España que los gallegos llevamos años asumiendo los costes de utilizar una autopista que lleva amortizada desde el año 2013 y que debería ser gratuita, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas”.
“Además, le pedimos que, en lugar de intentar justificar lo injustificable ante Bruselas, asuma los errores cometidos y actúe en consecuencia, anulando la concesión y dando los pasos necesarios para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita lo antes posible”, añade.
El plazo de dos meses concedido por la Comisión Europea al Gobierno de España para dar una respuesta a la carta de emplazamiento publicada en su boletín oficial el día 23 de noviembre finalizaría en estos días, dependiendo de la jornada exacta de recepción por parte del Ejecutivo español. Teniendo esto en cuenta, desde En-Colectivo se le solicita que actúe en consecuencia y que informe a la sociedad sobre su posicionamiento con respecto a este tema.
En-Colectivo ha pedido a la Comisión Europea, a través de su portal de transparencia, que confirme la fecha exacta en la que ha sido recibida por parte del Gobierno de España la carta de emplazamiento y el contenido literal de ella. Asimismo, se ha enviado a la Comisión Europea el informe de la Comisión Gallega de la Competencia que señala como excesivas y posible fraude de ayudas de Estado las compensaciones a la concesionaria de la AP-9 para que sea tenido en cuenta en el expediente de infracción y se exija al Estado español una rectificación.
