La Federación Provincial de Hostelería de la Provincia de Pontevedra (Feprohos) y la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Pontevedra (Asehospo) han mostrado este lunes su “indignación y rechazo” a la ley que obliga a triplicar los datos de los clientes que se envían a la policía.
“Desde Hostelería de Vigo y Hostelería de Pontevedra manifestamos nuestra repulsa por el requerimiento que se contempla a partir del 27 de este mes de abril a través del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, en el que se establecen las nuevas y exigentes obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor”, relatan en un comunicado las diferentes asociaciones.
En la actualidad, se recogen nueve campos de registro. Concretamente, se trata del número de documento de identidad, tipo de documento, fecha expedición, nombre, apellidos, sexo, la fecha de nacimiento, país de nacionalidad y fecha de entrada. Sin embargo, con la nueva propuesta “se pasa de 9 a 31 datos requeridos”, explican.
La nueva información personal que recopilarán los establecimientos de hospedaje son: nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, número de documento de identidad, número de soporte del documento, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida.
Además, se notificarán a las fuerzas de seguridad los métodos del pago empleados: tipo (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…), identificación del medio de pago: tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil, otros, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Adicionalmente, se incrementa en el epígrafe de datos del contrato: número de referencia, fecha y firmas.
Estos datos del registro informático deberán conservarse durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del servicio o prestación contratada. Las sanciones por incumplimiento de la norma pueden alcanzar los 30.000 euros y “se imputa a los establecimientos la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar”, según denuncian las asociaciones locales.
Todas ellas subrayan que esta normativa “sobrecarga la labor del personal de recepción” e “incrementa de una forma inviable la labor administrativa”. Estos requerimientos de registro, responsabilidades y régimen sancionador resultan “inaceptables” para las empresas turísticas, que han solicitado una reunión con la Delegación del Gobierno en Galicia y con la Policía Nacional para trasladarle su “disconformidad”.
Justificación de la norma
La actualización de la normativa en este ámbito se debe, según argumenta el Gobierno, a que los mayores ataques a la seguridad ciudadana en la actualidad “vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional”. Así, en ambos casos “cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones”.
Además, se considera que la regulación existente ha quedado obsoleta, en parte por las “nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet”. Por otro lado, el Gobierno considera que la normativa actual tampoco permite que se facilite a las fuerzas y cuerpos de seguridad toda la información disponible, necesaria para que puedan realizar sus labores de prevención y protección.
