Ha pasado poco más de un mes desde los incendios forestales que arrasaron la comarca de Vigo, pero ya todo parece olvidado, al menos en lo que se refiere a medidas de prevención y coordinación. Así lo denuncia la Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga), que alerta de que el pasado 12 de noviembre expiró el contrato temporal de tres meses de un total de 436 brigadistas, 27 de ellos en el distrito forestal de Vigo, el más afectado por los fuegos del 15 y el 16 de octubre.
Luis González, vocal de Atrifoga, explica la sensación que tienen en la asociación después de lo ocurrido. «La Xunta dirá que no hay dinero ni presupuestos, que los trabajadores no son necesarios, que no hay riesgo de incendio, que las condiciones climáticas son distintas, todo ello verdades a medias, pero no podrán justificar que falta personal para recuperar nuestros montes cuando lo están contratando de manera externa y privada», señala.
Y es que el panorama de los servicios contraincendios en Galicia es caótico. Por un lado, existe empresas públicas de gestión privada, y también empresas privadas, que contratan e incluso subcontratan personal. Por otro lado, hay Concellos, Mancomunidades y Diputaciones que disponen de trabajadores en servicios de lucha contra el fuego, pero es la Xunta, como reponsable de la política forestal de la comunidad autónoma, la que debe coordinar la prevención y la extinción de los incendios.
De esta forma, la administración autonómica dispones de contratos fijos (continuos o discontinuos) de doce, nueve o tres meses. La mayoría de los trabajadores se corresponde con los discontinuos (nueve o tres meses). Por un lado, un total de 626 trabajadores, que se quedarán en el paro el próximo 30 de noviembre tras una campaña de nueve meses. Por otra banda, el de la estación de verano -de julio a septiembre-, son otros 436 brigadistas, que acabaron el pasado 12 de noviembre tras una recontratación temporal de un mes más ante el panorama meteorológico que planeaba sobre Galicia.
«Nos llamaron a golpe de parte meteorológico, fue por miedo a las responsabilidades políticas y mediáticas, por lo que podía pasar ante la falta de lluvias y la llegada del huracán Ophelia», explica Luis González. Así, el 11 de octubre fueron llamados de nuevo «a filas» y trabajaron un mes más de lo habitual.
Distrito forestal de Vigo
En el distrito forestal de Vigo-Baixo Miño, que abarca 16 municipios (A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño, Tui, Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Borbén, Soutomaior, Redondela, Baiona, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Salceda de Caselas y Vigo), se quedó de esta forma desde el 13 de noviembre con 27 brigadistas menos. Ahora mismo, y antes de que finalice el personal fijo discontinuo de nueve meses, la zona está cubierta por 86 efectivos de personal de campo (66 bomberos forestales y 20 agentes), otros 10 de personal de vigilancia y coordinación y tres técnicos de distrito. «El número es ridículo si tienes en cuenta los turnos y las bajas», añade el directivo de Atrifoga.
La asociación pide a la Xunta que cambie su estrategia y sus políticas preventivas para poder hacer frente a una nueva tipología de grandes incendios forestales, explosivos y simultáneos, que colapsan los sistemas de extinción y de emergencias, desbordando cualquier tipo de previsión y que resultan devastadores con cientos o miles de hectáreas calcinadas.
«Las precipitaciones han sido mínimas, el porcentaje de humedad es bajo y persiste una sequía extrema que hace que la biomasa vegetal pueda arder con suma facilidad. Además, hay una gran oscilación térmica entre el día y la noche, con temperaturas altas -en pleno otoño- durante las horas diurnas y bajas en horas nocturnas, acompañadas de heladas que hacen que se reseque más la vegetación, incrementando el riesgo de incendio. Una prueba de que el peligro persiste es que siguen suspendidos los permisos de quemas de restos agrícolas y forestales», aseguran desde Atrifoga.
La asociación denuncia la «hipocresía» de la Xunta de Galicia y la política forestal encaminada a «segmentar el dispositivo fomentando la descoordinación, a reducir y desmantelar los efectivos del servicio público, incluso, sin cubrir una buena parte de las vacantes que se producen, y a dar beneficio a empresas de gestión privada, dejando en la calle a sus propios trabajadores públicos, que son profesionales cualificados, eficientes y que saldrían más rentables».
