La Fiscalía ha presentado querella ante los juzgados de instrucción de Vigo contra 16 personas, entre las que hay seis técnicos del Ayuntamiento de la ciudad, y dos empresas, investigados en relación a un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, por la ejecución de un vial en Cabo Estai y el otorgamiento de licencias para construir unos chalés en la zona.
Los hechos investigados tienen que ver con el reagrupamiento de una serie de parcelas en esa zona litoral de la parroquia de San Miguel de Oia, con la solicitud de licencias para construir chalés de lujo y con la ejecución de un vial.
Según expone el ministerio público, una familia de la ciudad adquirió diversas parcelas en la zona hace décadas, formando una sola finca de 7.189 metros cuadrados, aunque señala que, en un levantamiento topográfico reciente se refleja que la finca tiene una superficie de 8.285 metros cuadrados.
Por otra parte, señala que la finca linda con otro terreno al sur, otra finca de titularidad desconocida que, desde 2002 y en sucesivos registros, ha ido ‘menguando’ su superficie, pasando de 7.103 metros cuadrados a los 5.839 metros reflejados en un informe del Catastro de mayo 2023. “No ha aportado el Catastro explicación ni tampoco justificación alguna de las variaciones en cuestión”, apunta la Fiscalía.
En los últimos años, la familia propietaria de la primera finca (que fue repartida entre seis hijos) solicitó diversos permisos en el Ayuntamiento de Vigo: en 2015 se pidió acta de línea y rasante y, a requerimiento de la administración municipal, se aportó documentación para acreditar la titularidad de los terrenos, aunque este trámite se hizo más de cuatro años después, en diciembre de 2019. En ese momento, se interesó que el acta de línea y rasante se ajustara al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), que estaba en vigor mientras se tramitaba el nuevo PGOM.
Paralelamente, la familia propietaria solicitó licencia de parcelación para dividir esa finca en seis partes: una parcela para cesión para un vial, y otras cinco para la construcción de chalés. Esta licencia se otorgó en junio de 2020. A partir de ahí, se concedieron otras tres licencias para edificar viviendas unifamiliares, una para subdividir una de las parcelas y otra autorización, concedida en este caso por la Xunta, para hacer obras en zona de dominio público marítimo-terrestre.
Calificación del suelo
El ministerio público explica que esos terrenos de Cabo Estai figuran como suelo urbano consolidado en el PGOM que fue aprobado en 2008 y que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015, y que tienen la misma calificación en el Instrumento de Ordenación Provisional. No obstante, matiza que en el nuevo Plan General (que está aún en tramitación) y que fue aprobado inicialmente en agosto de 2021, hay una parte de las fincas que están en suelo rústico de Protección de Espacios Naturales.
Además, la Fiscalía expone que ni en el IOP ni en el PGOM figura vial alguno, sino un camino de tierra que discurre de forma irregular desde la calle Arquitecto Antonio Cominges hasta el borde del mar.
Asimismo, apunta que dos vecinos denunciaron que se habían ocupado sus fincas para hacer el vial y que, tras sus denuncias y las de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, el Ayuntamiento emitió un informe avalando las obras y asegurando que no invadían otros terrenos.
En todo caso, y al margen de la querella, cabe apuntar que el gobierno municipal ha confirmado en los últimos días que la calificación de esos terrenos en el nuevo PGOM, que se llevará a pleno antes de que acabe el año, será la de suelo urbano consolidado. Lo que no ha explicado el gobierno vigués es por qué en el planeamiento aprobado en agosto de 2021 se recogía que una parte es suelo rústico.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta abrió expediente sancionador por las obras del vial, que concluyó con una sanción de 35.549 euros a los promotores de esas obras, y en abril pasado el gobierno local paralizó la ejecución de los trabajos.
Informes municipales
Por otra parte, la Fiscalía también hace referencia al informe del secretario municipal, de abril de 2023, en el que éste concluye que varias de las licencias urbanísticas otorgadas no se ajustan a la legalidad.
Según indica el ministerio público, en el marco de las diligencias de investigación, el Ayuntamiento remitió tres informes elaborados por técnicos que discrepan de las conclusiones del secretario municipal. El Seprona de la Guardia Civil adjuntó al procedimiento otro informe de mayo, en el que el secretario se reafirma en lo dicho anteriormente y, de nuevo, el Ayuntamiento envió informes que cuestionaban las conclusiones del alto funcionario.
Por todo ello, ha formalizado ante el juzgado una querella, en la que figuran como presuntos responsables de los posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio 16 personas: los seis hermanos propietarios de las parcelas (uno de ellos trabaja en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento), tres arquitectos de una empresa que elaboró los proyectos vinculados a la parcelación de los terrenos y edificación de los chalés, el administrador de la constructora que ejecutó la urbanización del vial, y seis funcionarios del Ayuntamiento de Vigo que realizaron informes técnicos y jurídicos para dar luz verde a las diversas actuaciones.
