El sindicato CIG ha afirmado este lunes que la destitución de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, «no es más que un lavado de cara» y ha señalado que el grupo pretende «tapar la nefasta gestión que hizo de la situación generada en la pandemia». En un comunicado, su federación de Servicios en Ferrol ha destacado que dicha «gestión se aleja mucho de lo que cabría esperar de un grupo que pretende ser un referente». «Entiende los cuidados como un negocio», ha valorado.
Además, ha incidido en «escándalos que rodean a la exconsejera, como la vacunación tanto de su hermano como de sí misma, efectuada de modo irregular en una de las residencias que gestionaba». Al respecto, ha puntualizado que estos «bochornosos acontecimientos» se produjeron «mientras los centros del grupo contaban con récord de contagios» de Covid-19. Al mismo tiempo, ha resaltado las «situaciones desastrosas que se estaban viviendo en residencias como el centro de Laraxe», en Cabanas (A Coruña).
«Denuncias que fueron corroboradas y apoyadas por asociaciones de usuarios y familiares», ha estimado. Del mismo modo, la central ha matizado que la Xunta de Galicia «permanecía en silencio, sin mostrar el más mínimo interés por el pésimo modelo de gestión privada en las residencias del grupo». Sobre dichas instalaciones, ha aludido a «un modelo del que la Xunta es conocedora y consentidora, asumiendo como normales las condiciones de precariedad en las que se trabajaba en muchos de los centros».
Por ello, la CIG ha sostenido que el Gobierno autonómico comparte «desgraciadamente con la empresa el carácter mercantil del servicio de cuidado». Ante la destitución de la responsable de la compañía, ha advertido de su «sospecha de que sea un simple lavado de cara y que el nuevo consejero delegado no realice los cambios precisos para cambiar la situación del personal».
Finalmente, ha anunciado «la solicitud de una reunión con el nuevo consejero delegado», José María Pena, por esta problemática.
