La asociación de consumidores En-Colectivo, que consiguió que la Unión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa comunitaria en las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9, ha alertado este jueves de la existencia de una compensación “absolutamente desmesurada” pactada entre Audasa y el Estado para hacer frente a las obras de la ampliación del puente de Rande.
En su argumentación para justificar la anulación de las concesiones, En- Colectivo denuncia la existencia de un informe que demostraría que la empresa recuperará 1.465 millones en 20 años pese a haber invertido 228 millones en esas obras. Ese documento, elaborado por la Comisión Galega da Competencia (CGC), recoge que las cuentas presentadas por Audasa en 2020 calculaban que el importe total de la ampliación ascendería a 228 millones de euros. Sin embargo, la cantidad total a recuperar en 20 años será de 1.465 millones, lo que significa más de un 600% de intereses.
Según Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, “estos datos dejan claro que el Estado está asumiendo un coste increíblemente superior al que hubiese supuesto solicitar la financiación de la obra a una entidad bancaria y pone de manifiesto una vez más que al final los que estamos afrontando el pago somos todos los gallegos”.
Además, la asociación se queja de “una actuación obstruccionista por parte del Estado en clara protección de los intereses de Audasa”, ya que “varios informes” constatan que “la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias no ha facilitado a diferentes organismos, como la Comisión Galega da Competencia, la información que le han solicitado, infringiendo el principio de colaboración entre administraciones públicas”.
Asimismo, En-Colectivo asegura que el informe remitido por la Comisión Galega da Competencia a la Comisión Europea explica que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tampoco ha respondido a ningún requerimiento de información y ha negado la información sobre la existencia de algún informe económico en sede ministerial para determinar que el incremento del 1% anual acumulativo de las tarifas durante 20 años pueda suponer una compensación adecuada o bien excesiva.
“El hecho de que no se facilite información deja clara la falta de transparencia del Gobierno y de Audasa, y refuerza nuestra teoría de que el Estado no está interesado en que se investigue esta concesión. Porque si se hace, se pondrá de manifiesto un claro trato de favor a la concesionaria y un ocultamiento de las propias deficiencias en la defensa del interés público”, explica Diego Maraña.
La prórroga de dos meses concedida por la Comisión Europea al Gobierno de España para dar una respuesta a la carta de emplazamiento publicada en su boletín oficial el día 23 de noviembre finalizará el próximo 23 de enero. En-Colectivo insta una vez más al Ejecutivo a actuar “en consecuencia” y a “rectificar las ilegalidades cometidas lo antes posible”.
Recogida de firmas
La asociación pide una vez más a los gallegos que se unan con su firma para solicitar al Gobierno que no obligue a seguir asumiendo los costes de utilizar una autopista cuya concesión “lleva vencida desde el año 2013 y que debería ser gratuita”, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía. La recogida de firmas permanecerá abierta en la web www.en-colectivo.com hasta el próximo domingo.
La plataforma recuerda que, si no se anula la segunda prórroga de la concesión, la ciudadanía gallega seguirá pagando la autopista AP-9 desde el 2023 hasta el 2048.
